| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
Inestabilidad política que ponen en riesgo la democracia
Las declaraciones de Jaime Villanueva están revelando el tráfico de influencia en los poderes del Estado desde las más altas esferas del Ministerio Público, Congreso y el Ejecutivo. Desde hace décadas los últimos presidentes de la República y los parlamentarios estuvieron en disidencia que motivó una inestabilidad política. A esta ingobernabilidad política se suman actos contra la administración pública, hoy revelados por el exasesor de la exfiscal de la Nación.
Se ha confirmado la conexión entre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; el nexo era Hernán Garrido Lecca, ex ministro de Alan García. Lo que ya habían revelado algunos congresistas que se sometieron a ser colaboradores eficaces ante la fiscalía es que; la negociación se realizaba a través de Jaime Villanueva y los congresistas para archivar sus casos en la fiscalía, a cambio, el Congreso destituya a la Junta Nacional de Justicia. Además, ha contado Villanueva que, a través de Martha Moyano, Keiko exigía la remoción y sanción de Rafael Vela y Domingo Pérez del caso Lava Jato y lavado de activos contra Keiko. Esta versión ha sido confirmada por la misma Martha Moyano.
Ante estas revelaciones el Ministerio Público apertura investigación contra todos los mencionados por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo. También se inicia investigación contra algunos congresistas, Vladimir Cerrón, Pablo Talavera y el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, entre otros.
Lo lamentable es que también se involucre a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, esta institución se supone “autónoma”, según Villanueva se habría politizado para que se sancione a los fiscales bajo la presión de Keiko Fujimori. Las declaraciones del colaborador eficaz revelaron que se coordinó directamente con Juan Fernández Jerí, el jefe de la Autoridad Nacional de Control, para la apertura de investigaciones y separar a los fiscales de las investigaciones que se les seguía contra algunos apristas y a la propia Keiko Fujimori.
Sin duda, estas revelaciones deben ser corroboradas y probadas por cada uno de los colaboradores eficaces. Lo vergonzoso es que el Perú, ante los ojos del mundo, estos hechos lo sitúan como un país inestable con una gobernabilidad débil. Solo hace unos días, según el Democracy Index 2023 elaborado por la unidad de inteligencia de The Economist, el Perú obtuvo un índice de democracia bajo. Este puntaje se basa en indicadores como el proceso electoral y las libertades civiles, funcionamiento del gobierno y participación política. Por lo que Perú fue clasificado como un “régimen híbrido”, inferior al 2022. Preocupante, pero siendo una noticia de impacto mundial donde nuestra democracia está en riesgo, no es de interés de la prensa ni medios de comunicación del país.
