| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
Débil institucionalidad en el Perú
El intento por remover a los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia ha seguido insistentemente. En 2023 no tuvo éxito, pero este año parece prosperar a pedido de congresistas que exigen la salida de los magistrados, por supuesta falta grave a la Constitución. No le perdonan que esta entidad haya suspendido a la exfiscal de la Nación. Pese las confesiones de Jaime Villanueva, los congresistas insisten en que fue inconstitucional el actuar de los magistrados de la JNJ.
La Junta Nacional de Justicia es el organismo autónomo que destituye a jueces y fiscales, y este lunes 26 de febrero la Comisión Permanente del Congreso de la República debate el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el cual recomiendan destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Cabe resaltar que esta denuncia constitucional es promovida por un número de congresistas también acusados de haber negociado con la exfiscal de la Nación sus votos para la destitución de la JNJ a cambio de impunidad en sus procesos fiscales. Situación que tiene comprometido a más de 50 congresistas. Esa razón los anima a seguir con su intención de sacar a la JNJ quien suspendió a Patricia Benavides.
Tras la vacancia de Henry Ávila, la JNJ proclamó la vacancia de su puesto y convocó a quien sería su sucesor, el abogado constitucionalista Abraham Siles. En tanto, otro de los magistrados a los que se refirió el exasesor de Patricia Benavides continúa como parte del pleno.
Esta debilidad institucional ha sido generada por las declaraciones de Jaime Villanueva que compromete a fiscales supremos, magistrados, exfiscales de la Nación y más de 50 congresistas. Luego de las medidas cautelares solicitadas por Patricia Benavides, estas fueron rechazadas para que la investigación contra ella continúe, más aún por el tráfico de influencias e intervenir en el caso de su hermana.
La coyuntura política sigue en los ojos del mundo como la débil institucionalidad peruana que no refleja estabilidad. Lo único que está proyectando estos hechos es una imagen lamentable donde organismos autónomos han sido politizados y se les pretende utilizar para favorecerse políticamente.
