Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
La democracia y el equilibrio de poderes en riesgo
Es demasiado evidente la desesperación de un gran sector del Congreso que persiste en su plan para destituir a la Junta Nacional de Justicia, pese a que esta acción quebrantaría el orden constitucional y la independencia de poderes.
En una eventual remoción de los siete magistrados, lo que ocurría de acuerdo a la Constitución s que, tendrían que asumir los accesitarios. Sin embargo, tres de ellos ya superaron los 75 años que rige la ley como mínimo para la asunción de cargo. Entonces, con solo 4 magistrados no existiría quorum para ejercer funciones como JNJ. Esto implicaría que queden paralizados los 159 procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales, así como procedimientos de evaluación y ratificación de 300 magistrados.
Entendiendo que, la JNJ es la encargada de investigar, suspender y sancionar a jueces y fiscales, el Congreso pretendería tomar el control del Sistema Judicial. Peor aún, la JNJ es quien designa al jefe de la ONPE y de la Reniec, por lo que su intensión iría también por tener el control del sistema electoral.
La Junta Nacional de Justicia es una institución encargada de tomar decisiones claves para la integridad del Sistema Judicial peruano y de su Sistema Electoral, entonces, sí preocupa porque atenta contra la democracia del país y el respeto al equilibrio de poderes, a la institucionalidad, a la autonomía institucional y por supuesto a la estabilidad como país.
La gravedad es tal que entes internacionales pusieron la mirada en el Perú y se pronunciaron ante este desesperado interés particular por remover a los miembros del máximo organismo de la Judicatura en el Perú. La relatora de la ONU rechazó el intento del Congreso de destituir a la JNJ y señaló que “lo que está pasando hoy en Perú nos preocupa a todos”.
Margaret Satterthwaite expresó: “una administración de justicia independiente es la primera línea de protección de los derechos humanos de todos y garantiza el derecho a exigir justicia. Respetar el Estado de Derecho y fomentar la separación de poderes y la independencia de la justicia son requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la democracia”, afirmó.
Esta semana se resolverá el informe final que será debatido por el pleno del Congreso. El Ejecutivo, instituciones nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos invocando reflexionar a cierto sector parlamentario que evidencian sus ansias de un acaparamiento de las instituciones y el control del sistema político, judicial y electoral.
Lo que ocurre en la JNJ también preocupa a autoridades regionales y locales, que tienen o tenían a sus padrinos (congresistas) intercediendo por ellos ante la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, por sus casos en fiscalía. Con Benavides suspendida e investigada, un exasesor revelando nombres, remece a todos los que pidieron “favorcitos” para aguantar sus casos de corrupción.
