| Daniel Bravo Dextre

En declaraciones al diario “La Opinión”, el gerente regional de Control Ica, David Quiroga Paiva, insistió en la necesidad que los responsables de las instituciones públicas garanticen el cumplimiento de contratos y la calidad de las obras estatales en ejecución, mediante la supervisión permanente de las mismas, verificando el uso de materiales apropiados y la labor de los supervisores de obra contratados.

Quiroga Paiva puso como ejemplo el informe recientemente emitido por la Contraloría sobre la obra de defensas ribereñas en el río Pisco que viene ejecutando el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha -Petacc- por un monto superior a los 12.7 millones de soles.

Recordó que según el Informe de Control Concurrente N°030-2024-OCI/5340-SCC, la obra en mención era ejecutada “ante el peligro de inundaciones y socavaciones en los sectores de Caucato y Figueroa”, y que en una visita de control previo no se había advertido la presencia del residente y supervisor de obra, entre otros especialistas, “lo que pone en riesgo la calidad de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

Dijo que otra observación era que se había detectado el uso de piedras para la construcción de gaviones, que no reunían el tamaño requerido, que es de seis a ocho pulgadas, las cuales no garantizaban la durabilidad de las defensas ante el paso de las aguas de avenida, haciendo peligrar la inversión.

Indicó que el gerente del Petacc tenía 90 días para levantar las observaciones, así como corregir y penalizar el incumplimiento de contrato por parte de los profesionales encargados de supervisar la obra, cuya labor de fiscalización la tiene que hacer como funcionario público, bajo responsabilidad.

Reveló que en el poco tiempo de permanencia como gerente regional ya tiene casi listos 30 informes de auditoría, que a fines de este mes deben ser remitidos a la Procuraduría con la finalidad que interponga las acciones civiles y penales contra los involucrados.  

Respuesta

Este diario regional también buscó la respuesta a los serios cuestionamientos de la Contraloría, logrando entrevistar al gerente del Petacc, ingeniero Luis Murguía Vílchez, quien manifestó que el informe de la Contraloría tenía una serie de imprecisiones que necesitaban ser aclaradas “en salvaguarda de la imagen institucional”.

Aclaró -enfáticamente- que el Petacc, durante las veces que ha ejercido como gerente, jamás ha descuidado la supervisión de las obras, cuya labor la realiza de acuerdo a ley, ya sea el supervisor contratado o el supervisor de planta de la institución.

Señaló que la obra tiene una extensión de 2.5 kilómetros de largo en ambas márgenes, y que los auditores de la Contraloría sólo han ido a un punto de obra, “cuando lo ideal es que realicen todo el recorrido de cinco kilómetros caminando, tratando de ubicar a los supervisores que están en el campo y no solo en un punto. Si le preguntan a un obrero al azar, lógicamente que responderá que no sabe dónde están el supervisor o el ingeniero residente”.

Murguía también puso hincapié que, para las visitas de control previo o concurrente se suele comunicar al Petacc para que esté presente el supervisor de planta, y así pueda levantar cualquier observación in situ o hacer algunas precisiones, como es el caso de la supuesta ausencia de supervisores o el tamaño de las piedras destinadas a la construcción de gaviones.

Sobre este último punto, el jefe del Petacc igualmente fue enfático al indicar que los técnicos de la Contraloría no hallaron las pequeñas piedras dentro del mallado de los gaviones, sino en las rumas del acopio donde suelen existir algunas de menor dimensión, y que para ello los operarios oficiales las van seleccionando con extremo cuidado.

Finalmente, con pruebas en la mano mencionó que la gerencia a su cargo en otras obras que ha ejecutado el Petacc ha sabido aplicar penalidades o rescindido el contrato cuando se ha detectado incumplimiento del mismo. “Que no se diga que nosotros somos consentidores o que apañamos alguna irregularidad”, manifestó.

Lo que quiere la Contraloría General es que se cumpla estrictamente con las normas que regulan el uso de los recursos del Estado. El Petacc, como cualquier otra institución observada tiene hasta 90 días para levantar las observaciones, corregir las falencias o aclarar las controversias. Cuando se cumpla con todo ello, la fiesta seguirá en paz. Así entendemos el mensaje que nos ha dado el contralor regional, quien ha desempeñado las mismas funciones en Ancash y La Libertad, además de haber sido jefe de OCI en diversas instituciones del Estado, como es el caso de la Universidad “San Luis Gonzaga”.