| Daniel Bravo Dextre
Al hacer un análisis sobre la problemática del transporte público en la provincia de Ica, el fiscal de Prevención del Delito, Pedro Eloy del Carpio Soto, centró su atención en los vehículos tubulares que prestan servicio turístico en el balneario de Huacachina.
Dijo que los autos deportivos areneros han convertido Huacachina en una zona vulnerable, debido a los accidentes que se registran a diario con heridos y que muchos de ellos no se dan a conocer a la población que no conoce a qué se expone cuando hace uso de este servicio que se ofrece de manera irresponsable.
Incluso, lamentó que muchos medios de comunicación locales y nacionales publiciten este deporte de aventura, sin advertir los riesgos que ello representa por la informalidad que representa.
Dijo que no se trata de vehículos de fábrica, sino que son ensamblados sin respetar los parámetros del servicio de transporte público, Además, se sabe que en el 2013 eran 150 y que ahora habría 450 areneros que operan en el Área de Conservación Regional de Huacachina.
Denuncias
Del Carpio dijo que como fiscal de prevención del delito había realizado un trabajo intenso contra la informalidad, denunciando penalmente no sólo a los conductores de dichos vehículos, sino también a los propietarios de empresas que ofrecen el servicio y a los funcionarios que han permitido este accionar ilegal.
Refirió que las denuncias están en manos de la fiscalía penal y que en su momento se conocerá los resultados. A la vez, exhortó al gobierno regional, municipalidad general y Frente Policial para que pongan freno a la informalidad que existe en Huacachina y en Tierra Prometida.
“Cada vez que se produce cambio de autoridades me reúno con ellas y les exponga la problemática. Ya es tiempo que actúen en salvaguarda de la vida y la integridad física de los turistas. Invoco a las personas para que eviten subir a estos vehículos informales que no ofrecen ningún tipo de seguridad”, sostuvo el fiscal Pedro del Carpio en declaraciones a la prensa.
Controles
Los turistas nacionales y extranjeros que arriban a Ica y utilizan este servicio de aventura, lo hacen pensando que las autoridades locales están ejerciendo el debido control, en el sentido de permitir que sólo los tubulares autorizados presten el servicio y que los pilotos están debidamente preparados.
En caso de ocurrir algún accidente, entonces la empresa formalizada que prestó el servicio tendría que asumir todos los gastos de curación de heridos, sepelio de fallecidos y la indemnización respectiva.
Y si ocurriese un accidente con un vehículo informal que pasó los “controles” del dunapuerto de Huacachina, entonces, la responsabilidad no sólo sería del piloto y de la empresa que lo avaló, sino también de las autoridades y funcionarios municipales y regionales que se hicieron cómplices de esa irregularidad.
Lo ideal sería que los periodistas asumamos esa labor de fiscalización y denunciemos cualquier irregularidad, como lo hicimos con el boletaje duplicado o clonado; pero, nosotros no cobramos sueldo para permanecer 12 horas al día en Huacachina.
Entonces, esa labor de conciencia lo deberían hacer los policías, fiscales, regidores y funcionarios de alta jerarquía. No es necesario permanecer las 12 horas, sino llegar todos los días a una hora inopinada y verificar si el piloto que saldrá a recorrer las dunas con usuarios tiene los permisos respectivos, lo mismo que el vehículo que será empleado. Para eso son autoridades, para cumplir y hacer cumplir las normas. Si esto no se hace, los problemas continuarán.
