| Daniel Bravo Dextre

Los Frentes de Defensa de Marcona, en declaraciones a este diario regional, se pronunciaron enérgicamente contra el alcalde distrital, Joel Rosales Pacheco, por incumplir su promesa de liberar los servicios de agua potable y electricidad, requisito legal indispensable para que el Ministerio de Vivienda entregue el Plan Integral de Vivienda sectores A y B a las empresas inmobiliarias y así puedan construir mil 776 viviendas de interés social.

Según el censo realizado por el INEI el año 2022, en Marcona existe una población de más de 29 mil habitantes, con un déficit actual de más de dos mil viviendas que se arrastra desde el año 2010. Para sanear la demanda, el Ministerio de Vivienda logró que la minera Shougang libere 23.5 hectáreas de concesión minera a favor de dicho plan integral que ha previsto la construcción en dicho sector de más de mil 700 casas, con los incentivos de los Programas de Vivienda del Estado.

Cuando se aprobó dicho plan urbanístico, la Superintendencia de Bienes Nacionales -SBN- le dio un plazo de dos años para que se cumpla con el saneamiento físico legal y zonificación, se realice un empadronamiento de las familias que no cuentan con vivienda para que sean beneficiadas y se libere los servicios de agua y electricidad para que sean asumidos por empresas privadas, conforme a ley; recién a partir de esa formalidad entrarían a tallar las inmobiliarias para que ejecuten el plan urbanístico.

Efectivamente, después de dos años la municipalidad de Nasca cumplió con los dos primeros puntos, mientras que la distrital de Marcona no cumplió con liberar los servicios de agua y luz. Gracias a la intermediación del Ministerio de Vivienda y del Frente de Defensa de los Derechos y Desarrollo del Pueblo de Marcona, la SBN amplió cuatro años más el plazo inicial para que la comuna marconense cumpla con liberar los servicios.

Promesa incumplida

Pasado el tiempo, y al no verse ningún avance por parte de la municipalidad de Marcona, la PCM ante la insistencia del Frente de Defensa, presidido por el ciudadano Javier Salazar Blanco, conformó una mesa de trabajo para acelerar esos trámites pendientes.

En enero del 2023, el alcalde Joel Rosales en la Mesa de la PCM prometió públicamente que en julio de ese mismo año ya tendría listos los expedientes de los servicios básicos de agua y electricidad, a fin de acatar lo dispuesto por la SBN.

Llegó julio y no hubo ningún avance, al ser entrevistado por la prensa local Rosales dijo que en diciembre de ese 2023 ya tendría los expedientes listos, y tampoco cumplió.

En ese sentido, al ser entrevistados por el diario La Opinión, los presidentes de los dos Frentes de Defensa de Marcona, Javier Salazar e Ivón Bravo, emplazaron enérgicamente al alcalde Rosales para que cumpla lo prometido; caso contrario, será responsable que la población pierda esa importante inversión del Estado a favor de más de mil 700 familias que no cuentan con vivienda propia.

A un año y medio de ese compromiso que hiciera ante el grupo de la PCM, los Frentes de Defensa nuevamente exigen que el alcalde Rosales libere los servicios de agua potable y electricidad, los mismos que deben pasar a una Empresa Prestadora de Servicios -EPS- en caso del agua, y Empresa Generadora o Distribuidora de Electricidad. Esta última, según Ley de Concesiones Eléctricas Nº25844 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-M y sus modificatorias.

Precisamente, este miércoles 26 nuevamente se reunirá en Marcona la Mesa de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM- para verificar si el alcalde ha cumplido con lo prometido en el sentido de entregar los servicios básicos a las empresas prestadoras, en cuya operación también se beneficiará la población en general que paga altos costos por agua y luz que son comercializados de manera informal, sin pagar un solo céntimo de impuestos.