Durante el 2023, las entidades del Estado recibieron 346,955 solicitudes de acceso a la información, de las cuales fueron atendidas el 97.1%, según el Informe Anual 2023 que presentó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
El estudio fue elaborado con la información de 441 de las 2,015 entidades públicas que tenían la obligación de remitir información a la Antaip. Dicho nivel de incumplimiento representa un 78.1% a nivel nacional, y recae principalmente en los gobiernos regionales y locales.
En el departamento de Ica, solo reportaron información a la Autoridad: el Gobierno Regional de Ica, tres (3) municipalidades provinciales (Chincha, Ica, Pisco), seis (6) municipalidades distritales (Chincha Baja, San Pedro de Huacarpana, Parcona, Santiago, Huancano, San Andrés), así como la Universidad Nacional San Luís Gonzaga (34%).
El reporte expone también las buenas prácticas implementadas por las entidades en favor derecho de acceso a la información, como la implementación de medios alternativos a las mesas de partes, la agilización de trámites y la digitalización de la información. Detalla además las necesidades que enfrentan las entidades, entre las que la capacitación de funcionarios sigue siendo la más relevante.
Respecto a la supervisión a los Portales de Transparencia Estándar (PTE), en el informe se consigna la información brindada por la Autoridad en diciembre del 2023. En el departamento de Ica, se supervisaron 8 instituciones obteniendo el mayor nivel de cumplimiento el gobierno regional de Ica con un 57% y la municipalidad provincial de Pisco con el menor cumplimiento con un 14%.
También se supervisaron la Corte Superior de Justicia de Ica (39%), la municipalidad provincial de Palpa (49%), la municipalidad provincial de Ica (26%), la municipalidad provincial de Chincha (23%), la municipalidad provincial de Nasca (19%) y la Universidad Nacional San Luís Gonzaga (34%).
La ANTAIP recomienda a los titulares de las entidades a seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios a cargo de las temáticas de transparencia y acceso a la información pública, especialmente en el ámbito de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales.
