| Daniel Bravo Dextre
El alcalde del distrito de Marcona y sus funcionarios del área administrativa están a punto de consumar un delito que los podría conducir a la cárcel, debido a que estarían atentando contra la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 y su Reglamento.
Según este diario regional ha venido publicando en múltiples ediciones, hace más de dos años la Dirección Regional de Salud -Diresa-, durante la gestión del entonces gobernador Javier Gallegos Barrientos, solicitó a la municipalidad provincial de Nasca la desafectación de un terreno de más de ocho mil m2, ubicado en el asentamiento humano “San Martín de Porras” de Marcona, con la finalidad de construir una nueva sede del centro de salud “José Paseta Bar”, en vista a que la actual había sido declarada inhabitable por el grave deterioro de su infraestructura que fue edificada hace más de 50 años.
Haciéndose el desentendido o simulando no conocer el trámite en marcha, el alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, a los 14 días del segundo mes de su mandato municipal, con bastante prisa generó en el Formato Nº 05-A el perfil del proyecto “Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el asentamiento humano San Martín de Porres, distrito de Marcona, Nasca/Ica”, ubicándolo en el mismo terreno que la Diresa había solicitado para el colapsado centro de salud.
Continuando la objetada prisa y para proseguir con su pretensión, el 18 de abril del 2023 el alcalde y sus funcionarios activaron el Formato Nº 07-A, declarando viable el referido proyecto de inversión, con Código Único de Inversiones Nº 2589967, dándole prioridad a un tema de recreación y no a la salud, que es elemental, como sería la construcción de un moderno y seguro centro de salud.
Lamentablemente, el alcalde y sus funcionarios no pueden hacerse los desentendidos y continuar con el proyecto en cuestión; más aún, cuando Joel Rosales ha participado en una sesión del Consejo Regional y en una sesión de la Comisión de Salud del Consejo Regional, en las que se vio y discutió las dos propuestas de terrenos que existían para la edificación del nuestro centro de salud; además de los múltiples documentos de la Diresa e informes de su Comité de Inversiones, donde se declara viable el terreno que fue desafectado por la municipalidad de Nasca, ubicado en el asentamiento humano “San Martín de Porras”, por contar con servicios básicos y la aprobación de la SBN por ser la titular del predio.
Ilegalidad
Pese a todos los antecedentes, nos hemos sorprendido de ver que mediante Código Único de Inversiones – CUI Nº 2589967, la municipalidad de Marcona ha convocado a licitación pública la Contratación de Consultoría de Obra en la Elaboración del Expediente Técnico: “Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el asentamiento humano San Martín de Porres, Distrito de Marcona, Nasca/Ica”, por un monto –a nuestro criterio- excesivamente elevado de un millón 442 mil soles.
Además del poco aprecio por la salud pública al dar prioridad a un escenario deportivo y no a que la población marconense cuente con un centro de salud moderno y seguro, la ilegalidad sería que la municipalidad de Marcona estaría atentando contra la Ley de Contrataciones del Estado, así como de las directivas de Invierte Perú, conformado por el MEF, SUNARP, entre otros, donde se establecen las pautas y recomendaciones para la elaboración de Expedientes Técnicos.
En dichas pautas, entre otros requisitos y estudios se exige la existencia de un acta de sesión de terrenos que demuestre la aceptación de los propietarios, con la respectiva verificación en la Sunarp, Cofopri, otros.
Es el caso que la municipalidad de Marcona no contaría con dicha acta de sesión de terreno por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales; por cuyo motivo la licitación en cuestión sería ilegal en razón a que el predio no le pertenece.
El alcalde y sus funcionarios ya gastaron en la elaboración del perfil de ese campo deportivo; pero que ahora pretendan gastar cerca de un millón y medio de soles en la elaboración del expediente técnico, incurrirían en el delito de malversación, debido a que no contarían con acta de sesión de terreno por parte de la SBN. Además, la municipalidad de Nasca lo desafectó en la SUNARP para uso de servicio público – Salud.
También cometerían delito de Avocamiento Indebido de Funcionarios Públicos o Instancia Administrativa, teniendo en cuenta que el terreno de “San Martín de Porres” está judicializado, tal como lo ha dicho el alcalde Rosales en sesiones del Consejo Regional y de la Comisión Regional de Salud.
Como diario regional corremos traslado de esta denuncia pública a la Contraloría General, a fin de evitar se cometa delito y perjuicio económico en agravio del Estado.
