¿Democracia, República o estado de derecho?
Por: Raúl Bravo Sender
La democracia más perfecta no asegura la libertad. Implica el gobierno de las mayorías. Pero éstas, numéricamente pueden instaurar una dictadura, la de la mitad más uno de los votos. Es lo que ocurrió en el seno del Consejo Permanente de la OEA cuando se sometió a votación de sus integrantes una moción sobre si se le exigía o no a Venezuela a que mostrase las actas de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. No se logró obtener la cantidad de votos necesarios para dicho propósito. Primó la numeración antes que la razón.
El chavismo se instaló en Venezuela en el año 1999 tras las elecciones del anterior año. Las elecciones en las democracias representativas expresan la voluntad popular. Sin embargo ¿qué es la voluntad popular? Si las interacciones sociales se reducen a acciones individuales, entonces no existe una voluntad popular cohesionada que exprese el sentido de todos los individuos sino el de una mayoría cuando se cuentan los votos. Entonces la democracia resulta ser el gobierno de unos sobre otros. ¿Realmente la noción de estado de derecho puede soportar esto?
¿Por qué unos deben gobernar y mandar y otros ser gobernados y obedecer? ¿O es que acaso el estado de derecho garantiza que cada persona sea libre de decidir por sí misma y autodeterminarse? En efecto, el estado de derecho implica el imperio de la ley, la separación de poderes y la plena vigencia de los derechos y de las libertades individuales, estableciendo límites legales al ejercicio del poder. En ese sentido, en ocasiones, las democracias formales se han convertido en el instrumento para legitimar autocracias, tiranías y dictaduras, como es el caso del régimen chavista, que se lava la cara tras cada cuestionado proceso electoral.
Las mayorías no necesariamente son dueñas de la razón. El éxito de las sociedades radica en colocarle límites formales y materiales desde las leyes a quienes ejercen el poder estatal. De tal suerte que la dinámica social producto de las interacciones interindividuales por medio de figuras como la propiedad privada y el contrato, es la que marca la pauta y no lo que deciden unos cuantos burócratas desde el Estado. Éstos, más bien, deben limitarse a garantizar, empleando la fuerza de la ley, el orden espontáneo de las cosas que se genera por sí mismo en la sociedad.
Se argumenta que la democracia es el gobierno del pueblo que expresa la diversidad de los integrantes de la sociedad, quienes deben internalizar un comportamiento tolerante en sus interrelaciones sin pretender juzgar a los demás. Sin embargo, lo que observamos es que esta democracia formal ha devenido en el gobierno de una minoría: la clase política, la que ha instrumentalizado a los partidos políticos para supuestamente representar el pluralismo político, ideológico y de otras índoles. En realidad, el auténtico gobierno del pueblo es el que se produce en el mercado cuando a las personas se las deja decidir a diario en sus intercambios comerciales.
Las verdaderas elecciones no son las que se producen cada cuatro, cinco o seis años, cuando elegimos alcaldes, gobernadores, legisladores y presidentes, sino las que practicamos en el mercado cuando decidimos qué vender, comprar o contratar. Sin embargo, el mercado político ha desplazado al mercado económico. El político se ha empoderado a costa de los derechos y de las libertades de las personas que los ejercen en el mercado económico. La esfera pública ha terminado invadiendo la esfera de lo privado, donde el soberano es el individuo y no el gobernante. Es allí donde radican las crisis de estas pseudo modernas democracias fundadas en una equivocada noción de ejercicio del poder y de la cosa pública. Para superarlas debemos volver a los orígenes de lo republicano, aquel escenario en el que se reivindica al individuo por encima del poder.
