| Daniel Bravo Dextre
La acusación fiscal que pesa contra la exrectora de la UNICA, Ana María Kuroki de Kawata, y contra la exsecretaria general de la UNICA, Marsha Kristy Oré Choque, podría desencadenar una hecatombe política en nuestra Primera Casa de Estudios, con posible nulidad de elecciones y con altos funcionarios de la SUNEDU sentados en el banquillo de los acusados.
Como se sabe, ambas damas han sido acusadas por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ica, a cargo del doctor Ángel Alberto Mendoza Supo, quien ha formulado acusación directa ante el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ica
El referido delito se encuentra previsto en el Art. 381° del Código Penal, siendo sindicadas ambas por autoría directa, según acusación que se encuentra en trámite desde el pasado 5 de diciembre y que recién se ha hecho pública, donde el Estado es el agraviado.
Dentro del requerimiento acusatorio, el fiscal está solicitando se le imponga a Kuroki la pena privativa de la libertad de tres años con 10 meses, e inhabilitación por el mismo plazo para obtener mandato, cargo o empleo.
En cuanto a Kristy Oré, el representante del Ministerio Público está demandando se le imponga la pena privativa de la libertad por cuatro años con seis meses e inhabilitación por el mismo plazo para obtener mandato, cargo o empleo.
También está pidiendo se les imponga como reparación civil el pago de 100 mil soles. Kuroki debe abonar de ese monto 60 mil y Oré 40 mil.
El fiscal sostiene que de acuerdo a la Ley Universitaria que se rige por sus reglamentos y estatutos, la Asamblea Universitaria es el único órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, y dentro de su autonomía es el único que puede determinar la vacancia del rector y vicerrectores, y que, por lo tanto, ambas acusadas no debieron asumir funciones por carecer de título o nombramiento, y al hacerlo incurrieron en el delito de usurpación de funciones, en cuya designación no participó para nada la Asamblea Universitaria.
Testigos
Lo terrible de todo, es que la fiscalía ha llamado como testigos al exrector Anselmo Magallanes Carrillo, principal víctima de la ilegalidad, quien se vio obligado a dimitir cuando la doctora Kuroki le propinó un “golpe de Estado” con aval de la SUNEDU.
También ha sido llamado como testigo el doctor Mario Gustavo Reyes Mejía, quien al igual que su colega docente Anselmo Magallanes, ya se encontraría con la espada desenvaina para defender la autonomía universitaria en su calidad de presidente de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la UNICA que fue atropellado y empequeñecido por la SUNEDU.
Por lo pronto, Kuroki con la ayuda de su abogado ya tiene empuñado el escudo corsario que marcará su defensa, al haber afirmado ante el severísimo fiscal Mendoza Supo que ella llegó al rectorado autorizada por la SUNEDU, que registró su firma.
Su co-acusada Oré Choque va por la misma vía estratégica de defensa, al manifestar que asumió la secretaría general porque fue convocada por la rectora interina.
SUNEDU
Los que deben estar sumamente preocupados son los funcionarios de la SUNEDU que validaron la designación de la rectora interina y de la secretaria general, registrando sus firmas sin la participación de la Asamblea Universitaria, conforme manda la Ley Universitaria, su Estatuto y Reglamento que fueron ignorados por completo.
Decimos ello, porque la fiscalía en la misma Carpeta Fiscal Nº 2023-2336 que contiene la Disposición Nº 04, ha dispuesto que se remita copias certificadas de los actuados al órgano competente, al advertir indicios del concurso de delitos de Abuso de autoridad y falsedad ideológica/falsedad genérica en contra de las autoridades de la SUNEDU, en agravio del Estado y de la UNICA.
Frente a esta noticia difundida el sábado por este diario regional, integrantes de las diversas listas que postulan al rectorado, vicerrectorado, decanatos y órganos de gobierno universitario, guardan un absoluto hermetismo, debido a que saben que el actual proceso electoral sería espurio y que cualquier impugnación o demanda podría tumbarlo; en razón a que la designación de la rectora Cecilia Paquita Uribe tendría los mismos vicios, debido a que no fue designada por la Asamblea Universitaria, sino por el Consejo Universitario que no tiene esa atribución. Sobre el particular, el Ministerio Público ha sentado un precedente; en el sentido, todo lo que se haga sin participación u autorización de la Asamblea Universitaria deviene en ilegalidad y nulidad.
