| Daniel Bravo Dextre
La situación se agrava al interior de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Los integrantes en pleno del Comité Electoral Universitario – CEU han sido denunciados penalmente ante el Ministerio Público, por el presunto delito de Usurpación de Función Pública, estipulado y sancionado en el Art. 361º del Código Penal.
La denuncia interpuesta en la tarde de ayer ante la Fiscalía Penal Corporativa de Ica, por el docente principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICA, Roberto De la Cruz Huamán, para los abogados consultados por este diario regional, vendría a ser una especie de “camisa de fuerza” para el presidente del CEU, Juan Cipriano Huamán Espino y demás integrantes de ese cuerpo colegiado en cuestión, ya que cualquier trámite administrativo que ejecuten a partir de la fecha, podría ser tomado como un agravante por el fiscal que aperture investigaciones; pues, no podrán tomar como excusa que “no sabían lo que estaban haciendo”.
La denuncia penal también alcanza a los integrantes de la Alta Dirección de la UNICA, la rectora encargada Cecilia Paquita Uribe Quiroz y vicerrectores Dante Fermín Calderón Huamaní y Manuel Antonio Acasiete Aparcana.
Para sustentar su denuncia, Roberto De la Cruz ha adjuntado como anexos copias legalizadas de resoluciones rectorales, cronogramas y documentos emitidos por el CEU, argumentando que sus autores no han tenido legitimidad para actuar, al no haber sido reconocidos por la Asamblea Universitaria, sino por el Consejo Universitario que no tiene tal facultad.
El denunciante menciona que los hechos se remontan al 6 de diciembre de 2023 cuando los denunciados Juan Huamán Espino, Juan Toledo Huamán, Jorge Luis Morón Nieto, César Augusto Raffo Rejas, Percy Gonzales Allauja, Evelyn Acevedo Cruz y demás integrantes del CEU, llevaron a cabo un acto premeditado y doloso para asumir funciones, a la vez controlar el proceso electoral en complicidad con las actuales autoridades universitarias también denunciadas.
Agrega que los denunciados “plenamente conscientes de la ilegalidad de su designación, asumieron y ejercen funciones públicas propias del Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a pesar que dicha designación había sido realizada de manera fraudulenta a través de la Resolución Rectoral Nº 236-R-UNICA-2023, suscrita dolosamente por la rectora encargada, Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz”.
De la Cruz insiste que dicha cuestionada resolución fue emitida con el presunto propósito de encubrir la usurpación de funciones, “simulando un acuerdo de la Asamblea Universitaria que nunca existió, ya que la designación del Comité (Electoral) fue realizada ilegalmente por el Consejo Universitario, un órgano sin competencia para tal efecto”.
También asegura que la rectora y vicerrectores utilizaron sus cargos para manipular el Comité Electoral a su medida y así asegurar su continuidad en el poder (control de la UNICA), y presenta como prueba el hecho que los tres personajes postulen ahora a los cargos de rector de la UNICA y vicerrectorado de Investigación, en dos listas distintas.
