| Daniel Bravo Dextre
A propósito de la llegada a Marcona de un equipo especial de auditores de la Contraloría General, fuentes allegadas a la municipalidad distrital nos alcanzan información relevante en torno a presuntas irregularidades que se habrían dado en la gestión del alcalde Joel Rosales Pacheco, por cuyo motivo corremos traslado de esa información para que la Comisión de Control la evalúe y merite, a la vez proceda a identificar a los responsables del agravio económico que se habría causado al Estado.
La fuente sostiene que el 26 de setiembre de 2023 la municipalidad de Marcona adquirió dos camionetas para el Serenazgo, además de equipos complementarios, pagándose la suma de 378 mil soles al postor ganador: Consorcio Seguridad Ciudadana Marcona.
Se advierte que estas camionetas no cumplirían con el término de referencia especificado en la licitación y en el propio documento de compra-venta; como es el hecho que no tienen circulinas, no son del año indicado, no tienen el color original, están sobrepintadas y se encuentran sin utilizar almacenadas en el taller de maestranza, depósito de la municipalidad.
La fuente lamenta que, por este motivo no existe patrullaje en la ciudad de Marcona y, por consiguiente, la delincuencia continúa avanzando en agravio del empresariado, de los emprendedores y de las sufridas amas de casa.
Otra presunta irregularidad que se habría registrado es la adquisición de un camión grúa para el área del CECEN – Oficina de Electricidad, registrada el 20 de octubre de 2023, por el que se pagó la suma de un millón 970 mil soles, según consta en el acta de apertura de sobres y el acta de otorgamiento de la buena pro, al postor Consorcio Soluciones de Infraestructura.
Lamentablemente, este camión no cumpliría con los términos de referencia, ya que le falta la escalera telescópica, por cuyo motivo permanece almacenado sin utilizar en el taller de maestranza, depósito de la municipalidad.
Se menciona que, por esta razón existen constantes cortes de energía eléctrica, ya que no se hace mantenimiento a las redes principales. De esta manera, el alcalde Rosales y funcionarios de confianza estarían derrochando impunemente los recursos del Estado, realizando compras costosas que no son utilizadas o no se le da el uso requerido.
También se cuestiona la compra de dos motos lineales para la oficina de SEMAPAN, las mismas que habrían sido sobrevaloradas. La adquisición se hizo el año 2023 por un valor aproximado de 20 mil soles cada una. Estas unidades se encuentran también sin utilizar en el almacén de la municipalidad.
Otra presunta irregularidad está referida a la compra de más de mil canastas navideñas en diciembre de 2023, de las cuales sólo se entregó una parte a la población, quedando entre 200 a 300 canastas en el almacén del edificio municipal, habiéndose malogrado algunos alimentos.
Sería conveniente que los auditores verifiquen la lista de los beneficiarios y la diferencia de las canastas que no se entregaron, ya que muchos productos se han vencido perjudicando de esta manera los ingresos de la municipalidad y dejando de entregarse a más beneficiarios, lo que demuestra un derroche de los ingresos de la comuna.
Incentivos económicos
Otra presunta irregularidad que se habría registrado en la comuna marconense es la pérdida del incentivo económico que el Estado otorga por cumplimiento de metas.
De acuerdo a la información obtenida, la municipalidad informó al Ministerio de Economía y Finanzas -MEF- menores montos de la recaudación 2023, con la finalidad de usar el dinero en otros gastos, pese a que la Oficina de Rentas sí cumplió con recaudar el monto presupuestado como meta.
Esta supuesta falsa información habría ocasionado que la municipalidad pierda el incentivo económico que otorga el Estado, lo que ocasiona un perjuicio económico a la municipalidad, por lo que Contraloría debería verificar la recaudación que tuvo la municipalidad el año 2023.
Funcionarios sin perfil
Otra presunta irregularidad que se denuncia es que la municipalidad no estaría acatando lo establecido en el Decreto Supremo 053-2022-PCM, al mantener funcionarios como el gerente municipal, gerente de Medio Ambiente, gerente de Administración, gerente de Asesoría Legal y gerente de Presupuesto que no cumplirían el perfil profesional para ocupar dichos cargos.
Es decir, no contarían con experiencia en gestión municipal mínima de tres años en la función asignada, ni tampoco tendrían cinco años de experiencia general. En ese sentido, sería conveniente que la Contraloría verifique los requisitos mínimos que deben ostentar estos funcionarios para tan delicada responsabilidad porque se maneja dinero del Estado y de todos los peruanos. Si no se investiga como debe ser, entonces la auditoría que se está realizando sería un simple saludo a la bandera. Al final podría darse el caso que el jefe del Equipo de Auditoria proponga que al alcalde “Lito” Rosales se le extienda una “moción de felicitación por el buen desempeño demostrado”.
Finalmente, se menciona que la obra del boulevard “Micaela Bastidas” habría sido sobrevalorada en algunos ítems, como es el caso de la compra de piedra chancada, arena gruesa y cemento, cuyos montos contrastan con los precios del mercado. Para citar un ejemplo, se pagó 110 soles el m3 de la piedra chancada, cuando su precio del mercado es de 80 soles el m3.
