| Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrillo
Vicegobernadora regional de Ica
Hasta el momento, al menos dos jueces, Jorge Chávez Tamariz y Richard Concepción Carhuancho, aplicando control difuso de la Constitución y control de convencionalidad de la Convención de Palermo, inaplicaron la ley recientemente aprobada por el Congreso de la República sobre el delito de crimen organizado. Rápidamente los acusados de pertenecer a ‘Los Dinámicos del Centro’ y a los ‘Waykis en la Sombra’, intentaron ampararse usando esta ley con desesperación, pero ambos jueces les dijeron, no. Según la acusación fiscal, estas serían organizaciones criminales con poder político para cometer delitos y generarse impunidad.
La toma de las calles, las marchas, paros y protestas todos estos días han exigido que se derogue esta ley 32108, pero no han querido ni tocarla en el Congreso. Pese a un estado de emergencia, han acribillado a un policía en sus actividades diarias; asesinaron a un profesor en su lugar de trabajo frente a estudiantes, estas son conductas desafiantes de los criminales que se sienten envalentonados no solo por la inacción del Ministerio del Interior, sino por las leyes favorables que se aprueban desde el Congreso.
Ante tanta insistencia y las cifras alarmantes de crímenes, la presión logró la modificatoria de la ley, porque se negaron tajantemente a derogarla. Al menos han devuelto todos los delitos con penas menores de 5 años, la posibilidad de ser cometidos y, por tanto, condenados como organización criminal. También retrocedieron con la obligatoriedad de tener al abogado antes de los allanamientos, ahora la fiscalía puede realizar la intervención con un abogado de oficio que el Estado asigne y si no llega el abogado de los imputados, no se debe detener la diligencia de los allanamientos.
Definitivamente esto no resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, pero al menos el marco normativo no agrava más las cosas, sin embargo, frenar el crimen, es un trabajo de gobernabilidad desde nuestros espacios de defensa de la seguridad pública, trabajo que se ha politizado impidiendo un eficiente resultado. El gobierno protege a un prófugo de la justicia; captura a un terrorista, pero se equivocan de persona; mantiene al titular de esta cartera mientras se le escucha en audios desactivar una unidad especializada de la policía; todo al revés.
Es peligroso tener a un Congreso mayoritario con el poder cedido del Ejecutivo, con licencia para gobernar desde el Legislativo como fuerza mayoritaria de la cúpula de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Renovación Popular, unido a ellos, Perú Libre y otros.
