El Equipo Especial del Ministerio Público formuló acusación contra 46 personas vinculadas a la organización criminal ‘Cuellos Blancos del Puerto’, solicitando penas de hasta 34 años de prisión por 113 hechos ilícitos, entre ellos corrupción y tráfico de influencias.

La Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ presentó un requerimiento acusatorio contra el número de personas anteriormente mencionado vinculadas a la red de corrupción liderada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo.

La acusación detalla 113 hechos ilícitos y abarca delitos como organización criminal, cohecho en diversas modalidades, peculado, tráfico de influencias, negociación incompatible y corrupción de auxiliares jurisdiccionales.

Entre los principales acusados destacan Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Misha Mansilla, exasesor y exchofer de Walter Ríos, para quienes se han solicitado penas de 34 años y cuatro meses de prisión.

También figuran exfuncionarios de la Corte Superior del Callao, como Carlos Parra Pineda, exgerente de Administración Distrital, con una solicitud de 33 años y nueve meses de pena; y Nelson Aparicio Beizaga y Verónica Rojas Aguirre, exasesor legal y exjefa de la Unidad de Administración y Finanzas, respectivamente, para quienes se pide 22 años y ocho meses de prisión.

El requerimiento fiscal incluye condenas para exasesores del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Saúl Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres Reyna, con penas propuestas de 17 años y dos meses. Además, servidores judiciales como Roger Martínez Alegría y Pavel Rozas Pino enfrentan solicitudes de 18 y 17 años de prisión, respectivamente.

Entre los empresarios involucrados, Mario Américo Mendoza Díaz enfrenta una solicitud de 14 años y siete meses de prisión, mientras que para Fernando Seminario Arteta y Rubén Nieto Mujica se han solicitado nueve años y dos meses. Otros empresarios, como David Kuoman Saavedra y Carlos Alberto Zúñiga Capuñay, enfrentan solicitudes de cuatro años y siete meses de pena.

El caso también alcanza a abogados litigantes. Para Jacinto César Salinas Bedón y Marcelino Meneses Huayra, se pide 20 años de prisión, y para Víctor Maximiliano León Montenegro, 10 años.

Finalmente, la Fiscalía ha formulado acusaciones para otros implicados, incluyendo servidores judiciales y ciudadanos relacionados con la organización, con penas solicitadas que oscilan entre cuatro años y siete meses y cinco años y dos meses.