Pena de muerte en Perú como medida populista
Por: Luz Mery Canales Trillo
@LuzCanalesTrilloVicegobernadora regional de Ica
La congresista María Acuña presenta un proyecto de ley para abandonar el Pacto de San José. Hasta el momento, la presidenta Dina Baluarte no ha formalizado su controversial iniciativa, pese a que fue ella quien abrió el debate de la pena de muerte en Perú. La congresista María Acuña elaboró e ingresó el proyecto de ley para que se autorice el retiro de Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de renunciar al llamado Pacto de San José y debatir la sanción capital. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha dispuesto la creación de la Comisión Sectorial encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad.
Este tema ya se ha debatido infinidad de veces, sobre todo, en medio de las cifras alarmantes de la ola delincuencial. Hoy se reabre el tema como medida populista. Normalmente se debatió este punto ante la grave inseguridad ciudadana, pero hoy se direcciona solo en caso de violadores. Se ha dispuesto que esta Comisión Sectorial puede invitar a sus sesiones a representantes de otras entidades públicas o instituciones privadas y de la sociedad civil, así como a profesionales especializados, a fin de que brinden sus opiniones y aportes. Tendrá una vigencia de tres meses, contados a partir del día hábil siguiente a su instalación, pudiendo prorrogarse por el término que acuerde la Comisión Sectorial, en función al cumplimiento de su objetivo.
El colegio profesional de abogados ya se ha pronunciado al respecto, indicando que “es antitécnica”, corresponde a lo que hemos venido denominando una suerte de populismo jurídico. Lo correcto sería que esta también se aplicara no solo contra los agresores sexuales de menores, sino también contra los políticos corruptos que hayan atentado contra el tesoro público y las instituciones del Estado.
Desde mi perspectiva considero que esta medida populista no llegará a buen puerto, no solo por la escasa fundamentación jurídica que tiene, sino porque nace de un gobierno que promulgó leyes a favor del crimen, una medida que viene del Congreso donde se aprueban leyes inconstitucionales a favor de la delincuencia. Una medida como esta, de tamaña radicalidad, no puede funcionar en un gobierno donde no existe ni se respete la democracia; donde no se respeta el equilibrio de poderes; donde no existe la garantía procesal, esa garantía jurídica para todo procesado; donde los casos no se resuelvan por coimas o favorcito a costa de unos verdecitos desde el Poder Judicial.
