| Daniel Bravo Dextre

El Ica se abrió el debate regional descentralizado que viene desarrollando a nivel nacional el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se evalúa la propuesta de aplicar la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad. 

El diálogo multisectorial se llevó a cabo ayer desde las 9:30 de la mañana en el auditorio del GORE Ica, contando con la participación del viceministro de Justicia, doctor Juan Enrique Alcántara Medrano; la prefecta regional, Peggy Arias Barrios; el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Eulogio Francisco Cáceres Monzón; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Ica, doctora Carmen Delgado Ccana, y el gobernador regional, doctor Jorge Hurtado Herrera.

También acudieron representantes de diversas entidades públicas y organizaciones civiles, quienes tuvieron la oportunidad de deliberar las implicaciones legales y éticas de la pena de muerte en casos de violación sexual de menores.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Hurtado Herrera expresó su agradecimiento por haber considerado a la región Ica en este espacio de diálogo participativo “y así trabajar en este tema tan álgido como es la pena de muerte a quienes atenten contra la integridad sexual en menores de edad”. 

El titular de la Corte, Cáceres Monzón, hizo hincapié que su posición sobre el tema era personal, como abogado y doctor en Derecho, y que no representa la posición oficial del Poder Judicial. “Aunque la gravedad del delito es indiscutible, (considero que) la aplicación de la pena de muerte no es una solución efectiva, ni justa”. 

Sostuvo que la pena capital no garantiza la justicia ni la reparación para las víctimas, y que existen alternativas más adecuadas para proteger a los menores y garantizar la seguridad de la sociedad.

“La pena de muerte es una medida extrema que no debe ser utilizada. Es fundamental que nuestras autoridades y leyes se centren en la prevención de estos actos; asimismo, se debe otorgar la protección y el apoyo inmediato a las víctimas, así como la rehabilitación efectiva y el castigo adecuado para los que cometen estos delitos”, afirmó Eulogio Cáceres.

En realidad, la discusión sobre la pena de muerte en el país es compleja y multidimensional, pues involucra consideraciones legales, morales, sociales y económicas. El debate fue cubierto por diversos medios de comunicación local, y se espera que las conclusiones alcanzadas a nivel nacional sirvan de base para futuras reformas legislativas en el país.