Por: Alfonso Dávila Valenzuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido objeto de crecientes críticas por su presunta inclinación ideológica hacia la izquierda, lo que ha motivado en Perú un intenso debate sobre la conveniencia de continuar bajo su jurisdicción.

La CIDH, órgano autónomo de la OEA, nació con el mandato de proteger los derechos humanos en el continente; sin embargo, en las últimas décadas ha sido acusada de abandonar la imparcialidad y adoptar una agenda abiertamente progresista, priorizando causas sociales y políticas asociadas a la izquierda; en ese sentido, gobiernos conservadores y analistas han señalado que la CIDH interviene en asuntos internos de los Estados, emitiendo informes y recomendaciones que, más que proteger derechos fundamentales, promueven una visión ideológica específica.

La CIDH ha priorizado temas como el aborto, la identidad de género y los derechos de minorías, relegando casos de violaciones graves de derechos civiles y políticos, como la esclavitud moderna o la represión en regímenes de izquierda; asimismo, se ha criticado que la selección de comisionados favorece a candidatos con posturas progresistas, debido a la falta de participación de sectores conservadores en el proceso de nominación; por otro lado, los comisionados han manifestado abiertamente su apoyo a movimientos de izquierda y su crítica a gobiernos de derecha, reforzando la percepción de parcialidad; en países como Guatemala y Perú, la CIDH ha sido acusada de intervenir en debates nacionales sobre el aborto y la amnistía, ignorando la soberanía y los marcos legales internos.

En los últimos años, la relación entre Perú y la CIDH se ha deteriorado notablemente; el Congreso y el Ejecutivo han impulsado leyes de amnistía para militares y policías, desafiando sentencias de la Corte Interamericana y generando una ola de críticas de la CIDH, que acusa al Estado peruano de promover la impunidad; ante esto, el gobierno y sectores del Congreso han planteado la posibilidad de denunciar la Convención Americana y retirarse del sistema interamericano, argumentando que la CIDH actúa como un ente foráneo que vulnera la soberanía nacional.

La tensión entre Estados latinoamericanos y organismos internacionales de derechos humanos no es exclusiva de Perú; en la región, tanto gobiernos de izquierda como de derecha han acusado a la CIDH de parcialidad y han impulsado reformas o amenazas de retiro cuando sus intereses políticos se ven afectados, este fenómeno refleja una pugna constante entre la defensa de la soberanía nacional y la presión internacional por el cumplimiento de los estándares de derechos humanos.

La CIDH, lejos de ser un árbitro imparcial, ha sido percibida por amplios sectores como un actor político con agenda propia, lo que justifica el debate sobre la permanencia del Perú en el sistema interamericano. La desafiliación, más que un retroceso en derechos humanos puede interpretarse como un acto de defensa de la soberanía y de rechazo a la instrumentalización ideológica de los derechos fundamentales; en ese sentido, la crítica a la CIDH por su sesgo ideológico y la defensa de la desafiliación peruana encuentran fundamento en la necesidad de preservar la soberanía nacional y garantizar que la protección de los derechos humanos no sea utilizada como herramienta de presión política o ideológica; el debate sigue abierto, pero la experiencia regional demuestra que la politización de los organismos internacionales erosiona su legitimidad y eficacia.