Por: Alfonso Dávila Valenzuela.

El trabajo de los internos para producir su propio alimento en el Perú es jurídicamente viable y se alinea con los principios constitucionales, las obligaciones internacionales y las mejores prácticas comparadas; sin embargo, su implementación enfrenta desafíos estructurales y requiere un enfoque que respete la dignidad humana, la voluntariedad y la finalidad rehabilitadora.

La crisis penitenciaria en el Perú, marcada por el hacinamiento y la insuficiencia de recursos, ha reavivado el debate sobre la necesidad de programas productivos en las cárceles, entre las propuestas más relevantes destaca la de involucrar a los internos en la producción de sus propios alimentos, con el doble objetivo de promover la autosuficiencia y fortalecer la rehabilitación; consecuentemente, presentaré el marco jurídico nacional e internacional, la situación actual del sistema penitenciario y las condiciones para la implementación de tales programas.

La Constitución reconoce la dignidad humana como principio rector (art. 2) y prohíbe el trato cruel, inhumano o degradante (art. 139); es decir, todo programa de trabajo penitenciario debe respetar estos límites, garantizando que el trabajo no sea forzado ni humillante, sino orientado a la rehabilitación y reinserción social; el CEP (Decreto Legislativo N° 654) establece que el trabajo es tanto un derecho como una obligación de los internos, siempre que se realice en condiciones compatibles con la dignidad humana y no constituya castigo adicional. Entonces, el Estado tiene el deber de organizar actividades productivas, incluyendo la agricultura y la producción de alimentos, como parte de la política de rehabilitación; asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debe regular la implementación de talleres y actividades productivas, promoviendo la participación voluntaria, la remuneración justa y el respeto a la salud física y mental de los internos; entonces, los proyectos agrícolas y de producción de alimentos son parte de la estrategia institucional para la autosostenibilidad y la formación de habilidades.

La situación penitenciaria en el Perú es un reflejo palpable de la desidia y el desinterés de las autoridades responsables, particularmente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), respecto a la implementación de políticas públicas innovadoras y eficaces que aborden no solo el hacinamiento y la inseguridad, sino también la dignidad y la rehabilitación de los internos. En ese sentido, resulta inadmisible que, en pleno siglo XXI y ante una crisis carcelaria que se agrava año tras año, las autoridades sigan mostrando una actitud pasiva frente a la posibilidad de transformar los penales en espacios de producción y autosuficiencia alimentaria.

La falta de voluntad política y de visión estratégica ha convertido a las cárceles peruanas en simples depósitos humanos, donde la sobrevivencia diaria depende de un presupuesto escaso y mal gestionado; en ese sentido, las autoridades, en vez de promover el trabajo productivo de los internos, como ocurre en experiencias exitosas de otros países y como permite el marco legal nacional e internacional, continúan perpetuando un sistema asistencialista, costoso para el Estado y estéril para la sociedad. En ese sentido, el INPE, lejos de liderar una reforma profunda, parece limitado a la administración burocrática, incapaz de articular proyectos agrícolas o productivos que permitan a los internos contribuir a su propio sustento y, a la vez, adquirir habilidades útiles para su reinserción social.

Es inaceptable que teniendo a disposición miles de personas en edad productiva y vastos espacios ociosos en ciertos establecimientos penitenciarios, no se haya apostado seriamente por la implementación de granjas, huertos o talleres agroindustriales; las escasas iniciativas existentes suelen ser testimoniales, carecen de financiamiento adecuado y no responden a un verdadero plan nacional de autosuficiencia alimentaria penitenciaria; esta omisión no solo priva a los internos de una oportunidad de dignificación y aprendizaje, sino que además perpetúa la dependencia del Estado y sacrifica recursos que podrían destinarse a otras áreas sociales urgentes.

Las cárceles peruanas seguirán siendo focos de conflicto y exclusión mientras las autoridades no asuman, con coraje y responsabilidad, el desafío de poner en marcha programas penitenciarios de producción de alimentos; programas que, más allá de aliviar el presupuesto estatal, harían del encierro una verdadera oportunidad de cambio y de construcción de ciudadanía.