Por: Graciela Muñiz Cahuana, Economista principal del Consejo Privado de Competitividad.

El 4 de diciembre de 2025 se publicó la Ley de Presupuesto Público para el año 2026, que asciende a S/ 257,6 mil millones. A primera vista, la cifra podría interpretarse como una señal de prudencia fiscal: el presupuesto crece apenas 2,3% respecto a 2025, uno de los incrementos más bajos de la última década. Sin embargo, detrás de esa aparente moderación se esconden decisiones de asignación que merecen atención, especialmente para regiones como Ica, cuyo desarrollo depende críticamente de la inversión pública.

El principal problema del Presupuesto 2026 no es su bajo crecimiento, sino cómo se distribuyen los recursos. El gasto corriente aumenta en 5%, impulsado principalmente por el incremento de las planillas del Estado, que crecen en 12% en un solo año, es decir, más de S/ 10 mil millones adicionales. Este crecimiento consolida una tendencia preocupante: desde 2018, el gasto corriente no ha dejado de expandirse, reduciendo progresivamente el espacio fiscal para la inversión. En contraste, el gasto de capital -que financia principalmente proyectos de inversión- se reduce en 11%, equivalente a S/ 7,3 mil millones menos. Se trata de la caída más importante desde 2018.

En el caso de Ica, el presupuesto del Gobierno Regional para 2026 asciende a S/ 1.994 millones, cerca de 10% más que en 2025 (S/ 178 millones adicionales). A nivel agregado, la cifra parece positiva. No obstante, al analizar su composición aparecen señales de alerta.

El presupuesto de inversión regional prácticamente no varía y se mantiene alrededor de S/ 451 millones, mientras que el gasto corriente aumenta en 12%. En la práctica, ello implica que el mayor espacio presupuestal se destina a gastos permanentes -principalmente remuneraciones y funcionamiento- y no a cerrar brechas de infraestructura.

A nivel de gobiernos locales, el panorama es algo más favorable. Los gobiernos locales del departamento incrementan su presupuesto en 17,5% (S/ 202 millones adicionales), con aumentos tanto en inversión (+18%) como en gasto corriente (+17%). Como referencia, de acuerdo con el Índice Regional de Gestión Pública, publicado por el CPC, la región Ica tiene retos importantes en infraestructura vial departamental y vecinal afirmada, así como en infraestructura de agua y saneamiento, y en la velocidad de ejecución de las inversiones regionales y locales.

Es necesario subrayar que la fuerte reducción del presupuesto de inversión a nivel nacional es muy probable que no se sostenga durante el año fiscal. La experiencia reciente muestra que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversión termina siendo, en promedio, más de 30% mayor que el presupuesto inicial, producto de créditos suplementarios y reasignaciones durante el año.

Esto sugiere que el bajo nivel de inversión aprobado para 2026 a nivel nacional podría ser solo una “foto inicial” poco realista, que luego se corrige de manera desordenada. El resultado suele ser una gestión errática de la inversión pública: proyectos que se incorporan a mitad de año, otros que se abandonan, y una ejecución fragmentada que reduce el impacto del gasto. Este patrón se traduce en obras retrasadas, proyectos inconclusos y recursos que no logran transformar efectivamente la calidad de vida de la población. Por ejemplo, a nivel nacional, estando a un mes de cierre de año, el 26% de proyectos tiene cero por ciento de ejecución, y solo el 54% de proyectos del año pasado han recibido una continuidad este año.

Por otro lado, otro aspecto que llama la atención en la Ley de Presupuesto del próximo año es el fuerte incremento del presupuesto del Congreso de la República, que crece 26% en 2026, uno de los mayores aumentos de todo el presupuesto público. En contraste, la función Orden Público y Seguridad se reduce en 3%, en un contexto de aumento sostenido de la criminalidad a nivel nacional.

El Presupuesto 2026 deja una lección clara: el problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta. Para Ica, el aumento del presupuesto regional y local abre una oportunidad, pero también exige responsabilidad. Sin una apuesta clara por la inversión pública de calidad y el cierre de brechas, el mayor gasto puede diluirse en planillas y funcionamiento sin impacto duradero. En un contexto de restricciones fiscales, priorizar el gasto corriente por sobre la inversión es una decisión que compromete el crecimiento futuro. Ica -una región dinámica, exportadora y con grandes desafíos de infraestructura- necesita un presupuesto que mire más al desarrollo que al corto plazo.