Es preciso tener en consideración a Al-Tammemi et al. (2023) quienes determinaron que la trata de personas tiene consecuencias perjudiciales para la salud física y psicológica de las víctimas. Los traficantes pueden utilizar diversos medios y métodos para controlar a las víctimas, quienes son explotadas con múltiples fines, siendo la explotación sexual y el trabajo forzado los más comunes.

Los esfuerzos globales contra la trata deben unirse en solidaridad mediante la aplicación del paradigma de protección de las víctimas, enjuiciamiento de los traficantes, prevención de la trata y asociaciones intersectoriales. De hecho, plantean que aún se presentan muchos aspectos invisibles que representan un gran desafío y aumentan la carga global en la lucha contra esta amenaza mundial.

De otro lado, Kragten et al. (2022) destacan que se utilizan medios violentos de coerción para controlar a sus víctimas con mayor frecuencia que los traficantes de personas transnacionales, lo que puede interpretarse como una evidencia adicional de una práctica menos organizada. Estos hallazgos contribuyen a una comprensión más completa de la trata de personas con fines de explotación sexual, en particular de los traficantes que rara vez son los directamente responsables.

Ahora bien, el autor español Cuervo (2023) pone énfasis en la importancia de proteger los derechos fundamentales en la regulación de la trata de personas, Además, argumenta que, debido al carácter pluriofensivo del delito, el bien jurídico protegido incluye todos los derechos individuales de la víctima que la definen como ser humano, tales como su integridad física y moral, su libertad (incluida la sexual), su dignidad y, en última instancia, su humanidad.

Particularmente, Romero y Mestre (2022) argumentan que la trata de personas constituye un delito complejo, debido a los múltiples factores que intervienen en su comisión y a las diversas conductas delictivas que la rodean. Sus efectos son profundamente dañinos, por lo que se requiere un enfoque integral que articule a todos los sectores responsables de la seguridad ciudadana. Es fundamental contar con herramientas legales que no solo castiguen a los responsables, sino que también protejan y asistan a las víctimas. Garantizar el derecho a una vida digna implica asegurar que toda persona pueda desarrollarse libre y plenamente; por ello, es imprescindible establecer espacios de protección que permitan a las víctimas recuperar su dignidad, ejercer sus derechos y reintegrarse plenamente en la sociedad.

En esencia, Grandez et al. (2025) alude que el fortalecimiento de unidades especializadas y la creación de protocolos integrados con agencias judiciales y sociales son fundamentales para mejorar la respuesta policial y reducir la revictimización de las personas rescatadas.

Por esta razón, Larico (2021) subrayó que el delito de trata de personas es el tercer delito que mayor rédito económico genera, precedido por el tráfico ilícito de drogas y por el tráfico de armas. Dicho rédito económico influye directamente para que su incidencia sea cada vez mayor, y, teniendo en consideración su gran incidencia delictiva, las formas de perpetrar dicho delito van aumentado, siendo más complejas, erigiendo nuevos mecanismos para su perpetración, adaptándose a cada población y grupo social.

Por estas razones fundamentales, la trata de seres humanos constituye un problema global ante la amenaza inminente de la impunidad y corrupción. Además de la complejidad transnacional, así como la vulnerabilidad y la angustia de las víctimas, por lo que es imprescindible una respuesta inminente, integral y sostenida por los Estados y la comunidad internacional. De manera que ignorar esta realidad no solo perpetúa una forma de esclavitud moderna, sino que debilita los pilares fundamentales de los derechos humanos reconocidos por instrumentos internacionales, afectando la dignidad, seguridad personal, libertad y la salud. Consecuentemente, obstaculizando el acceso a las oportunidades y el pleno desarrollo humano, por lo que profundiza la desconfianza en las instituciones públicas de justicia y seguridad.

Por: Alfonso Dávila Valenzuela