Por: Alfonso Dávila Valenzuela: Escuela Internacional de Posgrado UCV – Lima, Perú.

El 9 de marzo de 2026, en Satipo, Junín, Rafael López de Aliaga, líder de Renovación Popular, pronunció una frase que quedará grabada en la memoria política reciente: “Tenemos que tener ingeniería militar para no estar en los cuarteles haciendo estupideces”; la frase, lanzada con la ligereza de quien se cree dueño de la verdad, pretendía ser una crítica a la supuesta inactividad de los militares en sus cuarteles; sin embargo, lo que logró fue una ola de indignación transversal; desde la derecha tradicional hasta los sectores progresistas, pasando por los propios militares, la sociedad peruana percibió en esas palabras un insulto a la dignidad, el sacrificio y la historia de las Fuerzas Armadas.

José Williams Zapata, líder de Avanza País, y otros líderes políticos no tardaron en condenar la declaración, calificándola de irrespetuosa y ofensiva; las redes sociales ardieron, los gremios militares exigieron respeto y la prensa nacional dedicó portadas y editoriales a la polémica; entonces, López de Aliaga, acorralado, intentó matizar sus palabras y pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho; su desprecio por las instituciones republicanas había quedado al desnudo.

La paradoja es brutal. López de Aliaga que descalifica a los militares por “hacer estupideces” en los cuarteles, es quien -desde hace años- promueve la militarización de la vida pública; López de Aliaga ha propuesto, sin rubor, que el Ejército patrulle las calles, intervenga en la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico y la delincuencia común, y que se inviertan más de mil millones de dólares en inteligencia militar. En ese sentido, queda claro que López de Aliaga utiliza a las Fuerzas Armadas como herramienta política, despojándolas de su rol constitucional y poniéndolas al servicio de una agenda autoritaria y populista.

Esta contradicción revela una visión instrumental y utilitaria de las instituciones; es decir, para López de Aliaga los militares solo valen si cumplen sus designios; si no, son objeto de burla y desprecio. En ese sentido, la militarización que propone no es un reconocimiento al profesionalismo castrense, sino una amenaza a la democracia y a los derechos civiles, pues implica delegar funciones policiales y judiciales a quienes no están preparados para ello, abriendo la puerta a nuevos abusos y violaciones de derechos humanos.

Rafael López de Aliaga no es un outsider ni un improvisado, más bien se trata de un empresario millonario, líder de la ultraderecha peruana; su carrera política está marcada por el conservadurismo extremo, la retórica de “mano dura” y la obsesión por el enemigo interno: el comunismo, la “agenda caviar”, los derechos humanos, la diversidad sexual. Por ello, su discurso es polarizante y violento, dado que ha llamado a la “criminalización de la protesta”, ha “amenazado a periodistas” y ha promovido la estigmatización de opositores como “terroristas”.

Dentro de este contexto, cabe resaltar que su gestión como alcalde de Lima ha sido una plataforma para propuestas de corte autoritario; es decir, patrullaje militar, reservistas armados, jueces sin rostro, cárceles en la selva y la expulsión de organismos internacionales de derechos humanos. En resumen, López de Aliaga representa la versión peruana del populismo autoritario; es decir, se trata de un líder que explota el miedo y la inseguridad para justificar el recorte de libertades y el desprecio por el Estado de derecho.

Rafael López de Aliaga encarna el peligro de una ultraderecha autoritaria que, bajo el disfraz de la moral y la seguridad, amenaza con destruir los fundamentos de la democracia peruana. Su desprecio por las Fuerzas Armadas, su agenda de militarización, su ataque a los derechos humanos y su retórica de odio, son síntomas de un proyecto político que busca concentrar el poder, eliminar los contrapesos y silenciar la disidencia; la frase “haciendo estupideces en los cuarteles” no es un desliz aislado, sino la expresión de una visión autoritaria y arrogante, incapaz de comprender el valor de las instituciones republicanas y el dolor de la historia nacional.

El Perú necesita líderes que respeten la memoria, defiendan la democracia y promuevan la justicia, no demagogos que siembren el miedo y el desprecio; por ende, puedo concluir señalando que la “estupidez” no está en los cuarteles, sino en la política de quienes, como Rafael López de Aliaga, desprecian la historia, instrumentalizan las instituciones y amenazan la democracia bajo la máscara de la moral y la seguridad.