Por: Lic. Jesús Acevedo Herrera, Past Decano del Consejo Regional de Ica, Colegio de Periodistas del Perú, Reg. FPP. 5385, Reg. CPP. 030.

En el Perú, la corrupción no siempre grita. A veces, simplemente se oculta en el silencio. No en el escándalo evidente, sino en aquello que no se registra, que no se reporta, que no se explica.

En Ica, hoy enfrentamos precisamente eso: una década de información ausente sobre consultorías públicas y, lo que es más grave aún, un incumplimiento que se extiende incluso cuando la ley ya exigía transparencia.

El sistema SIRICC (Registro de información de consultorías y contratos de servicios no personales), implementado por la Contraloría General de la República del Perú, no es un formalismo burocrático; es una herramienta de control diseñada para algo esencial en democracia: seguir el rastro del dinero público. Saber quién contrata, a quién contrata, cuánto se paga y por qué se paga. Sin ese registro, la administración pública pierde memoria…y el ciudadano pierde confianza.

Pero en el Gobierno Regional de Ica, esa memoria parece haber sido borrada durante años. No hablamos de un descuido menor. Hablamos de consultorías y servicios no personales que no habrían sido registrados desde el año 2010, lo que impide conocer con claridad el destino de millones de soles. Recursos públicos que, en lugar de estar plenamente documentados, hoy se encuentran envueltos en una peligrosa zona gris.

Algunos dirán que el SIRICC fue dispuesto recién en 2022. Es cierto. Pero también es cierto que su implementación incluyó una obligación clara. No era opcional. No era interpretativo. Era un mandato. Y ahí es donde la situación se agrava.

Porque el incumplimiento hubiera quedado en el pasado, podríamos hablar de negligencia acumulada. Pero no es el caso. Las gestiones más recientes, encabezadas por Javier Gallegos Barrientos y actualmente Jorge Hurtado Herrera, habrían mantenido ese silencio administrativo incluso cuando la obligación ya estaba vigente. Esto cambia completamente el escenario.

Ya no estamos frente a una herencia incómoda. Estamos ante responsabilidad directa. No registrar cuando ya se debía registrar no es una omisión técnica: es, en el mejor de los casos, una falta grave; en el peor, una señal de encubrimiento.

Porque cuando el Estado no deja rastro de su gasto, abre la puerta a todas las sospechas: ¿Se contrataron consultorías innecesarias? ¿Se favoreció a determinadas empresas o personas? ¿Se fragmentaron contratos para evitar controles? ¿Se utilizó el dinero público sin sustento técnico? Son preguntas duras, pero legítimas. Y, sobre todo, necesarias.

Aquí no solo falló la administración. También fallaron los mecanismos de control. ¿Dónde estuvo el órgano de control interno? ¿Dónde estuvieron los consejeros regionales, cuya función es fiscalizar? El silencio de diez años no se construye solo. Se construye con omisiones sucesivas, con miradas hacia otro lado, con una peligrosa normalización de lo irregular.

Por eso, hoy más que nunca, el rol de la Contraloría General de la República del Perú es determinante. No basta con exhortar ni esperar que la entidad corrija por iniciativa propia. Se requiere una intervención firme, técnica y oportuna. Auditorías específicas, identificación de responsables y, de ser el caso, la derivación inmediata al Ministerio Público del Perú. Porque cuando no hay registro, no hay control. Y cuando no hay control, la corrupción encontraría su mejor refugio.

La ciudadanía ya no acepta excusas. No acepta tecnicismos. No acepta que se le diga que “se está regularizando” mientras la información sigue incompleta o ausente. Lo que exige es simple: transparencia total y responsabilidades claras. Ica no puede seguir administrándose en la penumbra.

Este no es un tema político. Es un tema ético. Es el respeto básico al dinero de todos. Cada sol que no puede ser explicado es una herida abierta en la confianza pública. Y esa confianza, cuando se pierde, no se recupera con discursos, sino con hechos.

Hoy, la pregunta ya no es si hubo omisiones. La pregunta es quién responde por ellas. Y en Ica, a pesar de todo, esa respuesta ya no puede seguir esperando.