Daniel Bravo Dextre 

Los 13 regidores de la actual administración provincial de Ica vienen siendo censurados en las redes sociales por haber aprobado y haber permitido que se apruebe el controvertido cambio de uso de terreno agrícola a terreno de impacto industrial, facilitando para que inversionistas chinos puedan instalar en las pampas de Villacurí una fábrica de cerámicos. 

Si el arquitecto Belaunde hubiese estado vivo habría cuestionado al exasesor legal de alcaldía, José Carlos Ordoñez, que ahora fustiga al Pleno por esa presunta irregularidad.  

El líder histórico de AP, que promovió las inversiones a gran escala, no hubiese dudado en reprochar la conducta del letrado fustigador, “por oponerse al desarrollo y la llegada de capitales para que den trabajo y les den vida a las pampas áridas de Villacurí, además de reducir los costos de la cerámica y el porcelanato que tienen gran demanda”. 

Pero, tras el análisis, no se trataría de una oposición gratuita y absurda como muchos lo piensan; sino que en esa línea opositora también se encuentran los miembros del Comité Agroindustrial de la Cámara de Comercio de Ica, quienes desde un inicio se han opuesto a dicha planta china, con el argumento que generará contaminación ambiental. 

El exasesor Ordoñez aclara a este diario regional que no se opone en absoluto al desarrollo e inversiones, sino que lamenta la irregularidad en los trámites que se habría dado, sin respetarse el debido procedimiento administrativo, en el sentido de haberse convocado a sesión sólo con tres días hábiles de anticipación, cuando legalmente deben ser cinco, de conformidad al Art. 5 del Reglamento Interno del Concejo, lo cual ocasionó la intervención del municipio por parte del Ministerio Público y de la PNP con exigencia que se entregue todo lo actuado. 

De los 13 regidores, seis se defienden en las redes sociales y en otros medios con el argumento que votaron en contra de ese Acuerdo de Concejo; pero, el abogado insiste que todos están en falta por haber votado fuera del término del plazo legal de cinco días, según lo dispone el Art. 5º del Reglamento Interno del Concejo; además, porque en el dictamen de comisión sólo aparece la firma de dos miembros y falta la firma de la regidora Yessica Puchuri, quien no solamente no firmó, sino que además en la sesión votó en contra, por lo que estaría al margen de cualquier eventual denuncia o investigación en marcha.  

Hasta donde sabemos, sólo existe una investigación en marcha en la Fiscalía Penal de Ica y en la Dirección Anticorrupción de la PNP, donde sólo estarían comprometidos los siete regidores que votaron a favor, pese a que existían informes desfavorables de asesoría legal y de la gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), en razón a que el proyecto tendría vicios técnicos y que su ejecución causaría gran impacto en la salud de los trabajadores de fundos vecinos (Informe Nº1981-2024-GDU-MPI. 

En respuesta al cuestionamiento, voceros de la municipalidad sostienen que los plazos están conformes, ya que el pedido de TENGDA Cerámica SAC ingresó el 16 de mayo de 2024, el 20 de mayo Secretaría General le dio proveído para que pase a comisión. 

El exasesor aclara que son fechas distintas, ya que el dictamen de comisión en mayoría ingresó a Secretaría General el jueves 29 de agosto de 2024, y que el viernes 30 no cuenta el plazo por ser feriado por Santa Rosa de Lima, el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de setiembre, tampoco cuentan por ser días no laborables, y que recién quedaban tres días que son el 2,3 y 4 de setiembre, debido a que la sesión se llevó a cabo el jueves 5 de setiembre de 2024. 

Salida legal 

Sin embargo, en opinión del exasesor no todo estaría perdido, en razón a que recién el próximo 5 de setiembre quedaría firme en definitiva el acuerdo, de conformidad con el Art. 213.3 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, que a la letra dice: “La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10”. 

Por consiguiente, en atención a ese artículo del TUO, cualquiera de los 13 regidores que votaron a favor o en contra de la aprobación de ese dictamen aún tienen plazo hasta antes del próximo 5 de setiembre para solicitar al alcalde que convoque a sesión extraordinaria, a fin de declarar la nulidad de ese acuerdo, y así el expediente nuevamente bajaría a comisión de regidores, cuyos miembros no tendrían otra alternativa que pedir a la GDU que emita nuevo informe. Podría ser que la fábrica china ya cuente con estudio de impacto ambiental favorable, y que, por lo tanto, ya no habría oposición de los vecinos. Esta vez los 13 regidores serían más cautelosos en verificar que se cumplan los cinco días hábiles anticipados para citar a sesión, aunque este tema aún no está muy claro de acuerdo a la versión oficial municipal. 

Por la investigación en marcha, los siete regidores que votaron a favor la podrían ver cuadrada, ya que muchos de ellos estarían interesados de participar en las próximas elecciones municipales, por lo que una formalización de la investigación antes de los comicios los pondría muy mal ante la opinión pública local y electorado, en razón de haber votado al margen de la opinión técnica de los funcionarios, a excepción de la opinión técnica de un subgerente de mando medio.