Por: Alfonso Dávila Valenzuela, Correo: ajdavila@ucv.edu.pe Escuela Internacional de Posgrado UCV – Lima, Perú

Durante décadas se ha instalado la idea de que toda política criminal severa constituye, por definición, una amenaza para los derechos humanos. Ese discurso ha terminado generando un efecto perverso: mientras se enfatizan constantemente las garantías del delincuente, con frecuencia se relegan a un segundo plano los derechos de las víctimas y de la ciudadanía que vive sometida al miedo, la violencia y la extorsión. Los derechos humanos no fueron concebidos para garantizar impunidad ni para impedir que el Estado ejerza legítimamente su potestad punitiva; fueron creados para evitar la arbitrariedad estatal y asegurar que toda persona sea tratada conforme a la ley. Una cosa es respetar el debido proceso y otra muy distinta es convertir las garantías procesales en obstáculos permanentes para la persecución eficaz del crimen organizado.

Como sostuvo Cesare Beccaria en De los delitos y las penas (1764), la eficacia del sistema penal no depende de castigos desproporcionados, sino de la certeza de que quien comete un delito será investigado, juzgado y sancionado. La impunidad, más que la severidad de las penas, es el verdadero incentivo para la delincuencia. Del mismo modo, Thomas Hobbes explicaba en Leviatán (1651) que la razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de las personas; cuando el Estado pierde el monopolio efectivo de la fuerza frente a organizaciones criminales, fracasa en su función más elemental.

También resulta pertinente recordar la conocida «paradoja de la tolerancia» formulada por Karl Popper en The Open Society and Its Enemies (1945). Popper advertía que una sociedad abierta no puede tolerar ilimitadamente a quienes buscan destruir las condiciones que hacen posible esa misma sociedad. Si este razonamiento es válido frente a los enemigos de la democracia, con mayor razón puede aplicarse frente a organizaciones criminales que utilizan el asesinato, la extorsión, el secuestro y el terror para someter a comunidades enteras. La protección de la libertad exige, en determinadas circunstancias, una respuesta firme del Estado dentro del marco de la legalidad.

Desde otra perspectiva, Friedrich Hayek insistía en The Constitution of Liberty (1960) en que el Estado de Derecho no significa ausencia de autoridad, sino ejercicio del poder conforme a reglas generales, conocidas y aplicadas por igual. El imperio de la ley protege tanto frente al abuso estatal como frente al dominio ejercido por organizaciones criminales. Cuando el Estado es incapaz de hacer cumplir la ley no existe auténtica libertad, porque el espacio dejado por la autoridad legítima es ocupado por la violencia privada.

Incluso desde el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación estatal no consiste únicamente en abstenerse de violar derechos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen deberes positivos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. En casos como Velásquez Rodríguez vs. Honduras, el tribunal sostuvo que el deber de garantía implica organizar todo el aparato estatal para proteger efectivamente los derechos de las personas. Esto significa que la ineficacia frente al crimen también puede constituir una forma de incumplimiento de las obligaciones estatales.

Por ello, el debate no debería plantearse entre «mano dura» o «derechos humanos». Ese es un falso dilema. La verdadera discusión consiste en cómo ejercer una política criminal firme sin abandonar las garantías del Estado de Derecho. Defender los derechos humanos no puede significar resignarse a la expansión del crimen organizado ni aceptar que millones de ciudadanos vivan privados de su libertad real por temor a ser asesinados, secuestrados o extorsionados. Los primeros derechos humanos que el Estado debe proteger son la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes respetan la ley.

Una democracia pierde legitimidad tanto cuando tortura a un detenido como cuando abandona a los ciudadanos frente al control territorial de las mafias. El equilibrio consiste en rechazar ambos extremos: ni autoritarismo ni impunidad. Un Estado fuerte no es el que viola derechos, sino el que tiene la capacidad de investigar, capturar, juzgar y sancionar eficazmente a los delincuentes, respetando el debido proceso. La verdadera justicia exige firmeza frente al crimen y absoluto respeto por la legalidad, porque sin seguridad tampoco pueden ejercerse plenamente los demás derechos y libertades.

Durante demasiado tiempo la política criminal ha estado dominada por un discurso que parece preocuparse más por las condiciones del delincuente que por el sufrimiento de las víctimas. Mientras las organizaciones criminales asesinan, extorsionan, secuestran y siembran terror, el Estado responde con burocracia, excusas y una tolerancia que termina siendo interpretada como debilidad. El resultado está a la vista: barrios controlados por mafias, comerciantes obligados a pagar cupos y ciudadanos que viven con miedo.

La delincuencia no se combate con discursos, sino con autoridad. Todo delincuente debe saber que el costo de violar la ley será inmediato e inevitable. La certeza de la captura, el juzgamiento rápido y el cumplimiento efectivo de las penas constituyen el lenguaje que entienden quienes hacen del crimen un negocio. Cuando el Estado pierde la capacidad de imponer consecuencias reales, la criminalidad deja de ser una excepción y se convierte en una alternativa rentable.

Las políticas de seguridad deben priorizar a las víctimas y a la población honesta. Más inteligencia policial, mayores capacidades de investigación, controles efectivos en las cárceles para impedir que sigan funcionando como centros de operaciones criminales, decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, persecución financiera de las organizaciones delictivas y un sistema judicial que resuelva los procesos con rapidez son medidas indispensables para recuperar el principio de autoridad.

No puede existir una sociedad libre cuando las calles pertenecen a las mafias. La verdadera injusticia no consiste en que un delincuente reciba una condena firme; la verdadera injusticia ocurre cuando un comerciante pierde su negocio por las extorsiones, cuando una familia deja de salir por miedo o cuando un ciudadano trabajador termina siendo asesinado por quien jamás debió haber estado en libertad.

La función principal del Estado es garantizar la seguridad. Cuando esa función fracasa, todos los demás derechos quedan gravemente debilitados. La libertad carece de sentido si las personas viven encerradas por temor al crimen; la propiedad pierde valor cuando cualquiera puede arrebatársela mediante la violencia; la dignidad humana se ve lesionada cuando el ciudadano honesto debe convivir diariamente con la amenaza de organizaciones criminales.

Recuperar el principio de autoridad exige decisiones firmes y sostenidas. No significa actuar al margen de la ley, sino aplicar la ley con toda su fuerza. Un Estado respetado no es aquel que inspira miedo por su arbitrariedad, sino aquel que transmite la certeza de que quien comete un delito será perseguido, capturado, condenado y sancionado sin excepciones ni privilegios. La impunidad debe dejar de ser la regla y convertirse en la excepción. Solo entonces la seguridad dejará de ser una promesa política para convertirse en una realidad para millones de ciudadanos.