El Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica logró que se condene a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva a los suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Saulo Tipismana Gálvez y Temístocle Pier Vizarreta Hernández. Ambos fueron hallados culpables del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado peruano representado por la Procuraduría Pública Descentralizada de Ica.

La obtención de esta sentencia condenatoria estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Ted Ludvin Martínez Torrico, quien demostró de manera contundente la responsabilidad de los agentes de la Unidad de Tránsito de Ica en los hechos delictivos.

De acuerdo con la investigación fiscal, la noche del 24 de setiembre de 2024, los agentes motorizados intervinieron a un ciudadano en las inmediaciones del Mercado Arenales por hablar por celular mientras conducía y por no contar con la revisión técnica vehicular. Los policías amenazaron al conductor con internar su vehículo en el depósito municipal, ignorando los ruegos de los ocupantes, quienes se trasladaban de urgencia al Hospital Socorro para atender a su menor hija.

Durante un falso traslado al depósito, el suboficial Tipismana subió al auto de la víctima, le retuvo el celular para evitar que grabara y registró su propio número. Bajo coacción, le exigió al ciudadano el pago de 200 soles a través del aplicativo Yape, dándole un plazo de dos días a cambio de devolverle sus documentos y dejarlo ir sin ninguna papeleta. El agente continuó presionando a la víctima mediante mensajes de WhatsApp los días siguientes, provocando que el ciudadano denunciara el hecho ante la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR Ica) el 26 de setiembre de 2024.

Tras demostrarse la contundencia de los hechos presentados por el Ministerio Público, el fallo judicial impuso a los sentenciados el pago de 10,000 soles por concepto de reparación civil en favor del Estado, la inhabilitación de 6 años y 8 meses para obtener o ejercer cualquier cargo público, y la privación definitiva de su cargo como efectivos policiales de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se precisó que ambos sentenciados venían cumpliendo mandato de prisión preventiva desde el 27 de setiembre del 2024 a la fecha de la emisión de la sentencia, donde permanecerán recluidos de forma ininterrumpida hasta la total culminación de su condena.

Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su firme compromiso de combatir de manera frontal la corrupción de funcionarios en salvaguarda de los derechos de la ciudadanía y la legalidad.