Por: Alfonso Dávila Valenzuela, Correo: ajdavila@ucv.edu.pe, Escuela Internacional de Posgrado UCV – Lima, Perú , https://orcid.org/0000-0001-5243-0131.

El derecho a un medio ambiente sano constituye un derecho humano indispensable para el desarrollo de una vida digna y el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, al agua y a la alimentación.

Su importancia radica en que la degradación ambiental, la contaminación y la pérdida de biodiversidad no solo representan problemas ecológicos, sino que también generan consecuencias directas sobre las personas, las comunidades y las generaciones futuras.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, este derecho ha adquirido especial relevancia a partir de su reconocimiento como un derecho autónomo, cuya protección no depende exclusivamente de la afectación de otros derechos. En este sentido, el medio ambiente sano constituye un bien jurídico protegido por sí mismo, en atención a su importancia para los seres humanos y para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.

Reconocimiento jurídico del derecho al medio ambiente sano

El derecho a un medio ambiente sano encuentra reconocimiento expreso en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que establece:

Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Asimismo, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye una disposición fundamental para su protección en el ámbito interamericano, al contemplar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Un precedente esencial es la Opinión Consultiva OC-23/17, del 15 de noviembre de 2017, sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció expresamente el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Contenido y alcance del derecho

El derecho a un medio ambiente sano comprende la posibilidad de vivir en un entorno que permita el desarrollo de las personas y de las comunidades en condiciones adecuadas. Su contenido no se limita a la ausencia de contaminación, sino que también abarca la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, el agua, el aire y los demás componentes ambientales.

Este derecho presenta dos dimensiones complementarias:

— Dimensión individual: protege a las personas frente a los efectos de la degradación ambiental que puedan comprometer el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando existe una relación directa entre el daño ambiental y su vida, salud o integridad.

— Dimensión colectiva: tutela los intereses de la sociedad en su conjunto y de las generaciones presentes y futuras, reconociendo que la protección del medio ambiente responde a un interés universal.

La Corte Interamericana también ha señalado que determinados componentes del medio ambiente, como los bosques, los ríos y los mares, pueden merecer protección por su importancia para los demás organismos vivos, más allá de su utilidad para el ser humano.

Obligaciones del Estado

El reconocimiento del derecho al medio ambiente sano impone a los Estados obligaciones de respeto y garantía. Estas obligaciones requieren tanto abstenerse de generar daños ambientales injustificados como adoptar medidas positivas para prevenir, investigar y responder frente a las afectaciones ambientales.

Entre las principales obligaciones estatales destacan:

1. Prevenir daños ambientales significativos, mediante la regulación, supervisión y fiscalización de las actividades potencialmente contaminantes.

2. Realizar evaluaciones de impacto ambiental, cuando corresponda, antes de autorizar actividades que puedan generar riesgos ambientales significativos.

3. Garantizar el acceso a la información ambiental, permitiendo que la población conozca los riesgos y las decisiones que afectan su entorno.

4. Asegurar la participación pública, especialmente de las comunidades potencialmente afectadas.

5. Garantizar recursos judiciales efectivos, para cuestionar decisiones u omisiones que comprometan la protección ambiental.

6. Adoptar medidas de reparación, cuando se produzcan daños ambientales, según las obligaciones jurídicas aplicables.

Estas obligaciones adquieren particular importancia respecto de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, que pueden soportar de manera desproporcionada las consecuencias de la contaminación y del deterioro de los ecosistemas.

El derecho al medio ambiente sano en el Perú

En el ordenamiento jurídico peruano, el artículo 2, inciso 22, de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a:

Gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Este reconocimiento constitucional establece un fundamento esencial para la protección ambiental y exige que las actividades económicas, las políticas públicas y las decisiones estatales se desarrollen respetando las condiciones ambientales necesarias para una vida digna.

Por su parte, la Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente, desarrolla principios y disposiciones orientados a garantizar el ejercicio de este derecho y la protección del ambiente.

A manera de conclusión

El derecho a un medio ambiente sano representa una condición esencial para la dignidad humana, la sostenibilidad de las sociedades y la preservación de los ecosistemas. Su reconocimiento en el derecho internacional y constitucional implica comprender que la protección ambiental no constituye únicamente una política pública, sino también una obligación jurídica vinculada con los derechos humanos.

En consecuencia, los Estados deben desarrollar marcos normativos, instituciones y mecanismos efectivos de prevención, fiscalización y reparación, procurando que el desarrollo económico sea compatible con la conservación ambiental. La garantía de este derecho exige, además, reconocer la interdependencia entre las personas, las comunidades y la naturaleza, así como la responsabilidad de proteger las condiciones de vida de las generaciones futuras.

Referencias jurídicas

– Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26.

– Protocolo de San Salvador, artículo 11.

– Corte IDH, Medio ambiente y derechos humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, de 15 de noviembre de 2017.

– Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 22.

– Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente, Perú.