El contralor general de la República, Nelson Shack, invocó ayer a las autoridades de la municipalidad provincial de Acobamba (Huancavelica) a presentar sus declaraciones juradas de intereses (DJI), de manera oportuna, correcta y completa.
“Todos tenemos intereses y lo importante es gestionarlos apropiadamente de tal forma que se reflejen transparentemente en nuestras decisiones; es necesario que la gente vea y confíe más en sus autoridades”, remarcó.
La Contraloría General de la República absorberá la gestión y fiscalización de las DJI de todas las autoridades y funcionarios obligados a escala nacional, y remarcó que, por primera vez, estas se publicarán en el portal institucional de la CGR.
Señaló que se cumplirán acciones de interoperabilidad y cruces de información con las distintas bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otras.
Control social
“De esta manera, promoveremos el control social, respecto a cómo los funcionarios y las autoridades públicas gestionan sus actividades y se podrán conocer qué conflictos de interés podrían tener”, enfatizó Shack.
Iniciativa legislativa
También informó que la entidad a su cargo presentó una iniciativa legislativa para que, a través de esta ley, la Escuela Nacional de Control (ENC) pueda formular procesos de capacitación en temas de control y fiscalización pública a los consejeros y regidores.
“Los consejeros y regidores se han concentrado especialmente en temas de representación y legislación, pero es necesario fortalecer una alianza muy estrecha con la Contraloría para el tema de fiscalización pública eficaz y eficiente”, puntualizó.
Esta iniciativa legislativa obedece al interés de coadyuvar a las labores de vigilancia y supervisión que cumplen los órganos fiscalizadores del gobierno sub nacional, dotándolos de mayores herramientas que les permitan desempeñar sus funciones de manera eficiente para así contribuir con el uso más eficiente de los recursos y bienes del Estado.