| Daniel Bravo Dextre
La Contraloría detectó presuntas irregularidades en la adquisición de equipos de cómputo, proyectores multimedia e impresoras multifuncionales para diversas instituciones educativas de Pisco, al identificar que funcionarios de la municipalidad provincial aprobaron 18 adquisiciones sin justificar su necesidad, no establecieron valores de mercado y sólo aceptaron la cotización de dos empresas con un dueño en común.
Asimismo, tampoco usaron los catálogos electrónicos, ni realizaron el procedimiento de selección correspondiente. Por este hecho, la Contraloría identificó a cinco exfuncionarios que tendrían presunta responsabilidad penal.
Se hace hincapié que los equipos tecnológicos fueron comprados en el 2018 por la municipalidad provincial de Pisco, en atención a la solicitud de la Unidad de Gestión Educativa Local Pisco -UGEL, con un presupuesto ascendente a más de 390 mil soles.
Igualmente, el Informe de Control Específico N° 019-2022-2-0409, reveló que la comuna pisqueña no consideró las condiciones necesarias para el funcionamiento de 238 computadoras, 18 proyectores y cuatro impresoras. Además, se estableció valores referenciales de los bienes con cotizaciones de dos empresas que tenían un solo propietario, lo cual denota que no habría existido una intención basada en el bien común sino en un interés particular.
Se comprobó, además, que no se utilizaron los catálogos electrónicos, plataforma donde los proveedores ofertan sus productos con precios competitivos y mayores oportunidades de venta. También se evidenció que las contrataciones fueron por montos menores a las ocho UIT, lo que ocasionó que la municipalidad no realizara el procedimiento de licitación respectiva.
Agrega que estos hechos transgreden los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones, el procedimiento de selección, adjudicación simplificada y los métodos especiales de contratación.
Finalmente, se anuncia que los resultados del servicio de control específico, que comprendió el periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2018, fueron notificados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de la Corrupción para el inicio de las acciones penales que correspondan.
