El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, logró la condena de pena privativa de la libertad suspendida en contra de 26 intervenidos durante las protestas realizadas en la ciudad de Ica, por la presunta comisión del delito contra la seguridad publica en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, en agravio del Estado peruano.

Se trata de James Ricardo Muñoz Moreno (23), Jean Franco Vilcapuma Cullanco (26), Oldarigo De La Cruz Carbajal (21), Martin David Muchaypiña Antonio (25), Luis Alberto Zevallos Ríos (21), Jean Carlos Fernández Parina (21), Yhony Luis Machacuay Angis (22); y, Juan Carlos Ruiz Encinas (26), Luis Chelge Chillcca (46), Miguel Ángel Mendoza Medina (42), Jeremy Junior Palomino Huancahuari (20), Quintin Tinco Allccaco (51), Brayhan Vladimir Casia Ramos (25) y Ángel Eloy Parián Paredes (39), quienes se acogieron a la terminación anticipada, siendo condenados a 3 años y 11 meses de pena privativa de la libertad suspendida y un pago de S/ 2, 000.00 por concepto de reparación civil, que deberá pagar cada uno de los imputados a favor del Estado peruano.

También sentenciaron a la pena privativa de la libertad suspendida de 3 años y 5 meses a Maykol Yandiel Vilca Aquije (19), Milagros Dayra Donayre Barrios (18), Roberto Carlos Laime Taype (20), Diosdado Tanta Huayhuameza (18), Williams Gustavo Cáceres Cáceres (19) Y Frech Ronaldin Azorsa Enrriquez (18); quienes además deberán pagar (cada uno) el monto de S/ 1,500.00 por concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano.

El imputado Juan Alex Siguas García fue sentenciado a pena privativa de libertad con el carácter de efectiva de cuatro años, la misma que le conformidad al artículo 52 del Código Penal se convierte en 82 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Mientras que el investigado Moisés Ricardo Paredes Moreyra (29), fue condenado a 4 años de pena privativa de la libertad, quien al acogerse a la terminación anticipada cancelar la reparación civil tendrá un periodo de prueba de un año y 6 meses y reglas de conducta.

Elsa Yanina García Chávez, fiscal provincial a cargo del caso, manifestó que los ahora sentenciados cometieron el delito contra la seguridad publica en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, previsto y sancionado en el artículo 283º primer párrafo del Código Penal.