| Daniel Bravo Dextre
Ayer se conoció que la SUNEDU, mediante Oficio N° 5135-2022-SUNEDU, de fecha 28 de diciembre de 2022, estaba reconociendo la firma de los 24 decanos de facultades de la Universidad San Luis Gonzaga que fueron elegidos recientemente.
Con esta decisión, la universidad estaría activando no sólo las facultades, sino los Consejos de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria que le darían legitimidad al rector Magallanes para actuar dentro de la autonomía universitaria.
Autoridades no se pronunciaron
De otro lado, la Comisión de Educación del Congreso de la República, presidida por la legisladora Gladys Echaíz, no llegó a ninguna conclusión que permita solucionar el conflicto desatado en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, a raíz de la toma de locales universitarios registrada el pasado 4 de diciembre por parte de un grupo de docentes, trabajadores y alumnos que cuestionan la prórroga del mandato del rector Anselmo Magallanes Carrillo.
En la sesión del grupo de trabajo realizada el martes último a las 3:00 de la tarde en la sede legislativa, se presentó el ministro de Educación, Oscar Becerra, quien no esclareció nada, ni aportó nada relevante que permita esclarecer la situación del rector Magallanes, cuya prórroga de mandato es cuestionada por sus opositores que perdieron las elecciones internas.
Ante ello, la presidenta Echaíz se vio obligada a leer un informe legal elaborado por la directora de Asesoría Legal de la SUNEDU, doctora Fressia Munárriz Infante, en cuya parte sustancial indica que la prórroga del mandato (10 meses) del rector, vicerrectores y decanos fue por decisión exclusiva de la Asamblea Universitaria, dentro de su autonomía reconocida en la Ley Universitaria N° 30220.
En otras palabras, la SUNEDU sostenía que no tenía caso pronunciarse por la decisión adoptada por la Asamblea Universitaria, indicando que sólo validó el acuerdo para el registro de firmas correspondiente.
Ante ello, la congresista Echaíz no descartó la posibilidad que la comisión que preside active su función investigadora, citándose a integrantes de la Asamblea Universitaria para que expliquen la decisión que adoptaron cuando estuvo vigente el decreto legislativo que le daba a las universidades públicas esa facultad, con motivo de la pandemia.
La investigación que haría la Comisión de Educación o el grupo de trabajo que se forme tendría más criterio político que legal. Sus miembros revisarían los informes de la SUNEDU que validaron esa elección. Igualmente, chequearían milimétricamente el acto de votación de la sesión extraordinaria de la asamblea, en la que se prorrogó el mandato que hoy cuestiona un grupo minoritario de la comunidad universitaria.
La comisión legislativa -sin duda- se tomará su tiempo para investigar, lo que podría tardar de dos a tres meses; mientras tanto, no tendría caso que los locales de la UNICA continúen tomados, perjudicando a los egresados y jóvenes postulantes. Lo sensato sería que de manera voluntaria y pacífica liberen los ambientes en espera a un pronunciamiento del grupo de trabajo parlamentario.
Por lo pronto, según nuestras fuentes, el rector Magallanes, cuyas funciones no están cuestionadas por ninguna autoridad nacional, nuevamente estaría solicitando al Ministerio Público y Policía Nacional una nueva orden de desalojo.
