| Daniel Bravo Dextre
La Contraloría determinó una presunta responsabilidad penal y administrativa en funcionarios de la municipalidad provincial de Ica, por la designación y aceptación de dos servidores en los cargos de gerente de Desarrollo Social y Agente Municipal de Huacachina, pese a que no cumplían con el perfil profesional para asumir tales puestos de confianza.
Es así que, en el Informe de Control Específico N° 036-2024-2-0406-SCE, la Contraloría indica que mediante resoluciones de Alcaldía N°021 y 023-2023-AMPI, emitidas el 2 de enero del 2023, se concretaron tales designaciones “sin una previa evaluación de los currículos vitae de los servidores en cuestión”, a fin de verificar si cumplían con los requisitos establecidos en la Ley N° 31419 y así garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de los funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
Igualmente, el equipo de control detectó que estos funcionarios no cumplían con la experiencia específica de tres años en temas relacionados a gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, de los cuales un año deben ser en puestos de dirección en el sector público o privado, o su equivalencia, y un año en el sector público, o su equivalencia.
Pese a ello, los aludidos aceptaron dichos puestos de confianza y los asumieron hasta el 21 de abril del 2023, fecha en que la entidad dio por concluida su designación a raíz de lo advertido y comunicado por la Contraloría General en el Informe de Orientación de Oficio N° 005-2023-OCI/0406-SOO.
Agrega que, durante dicho periodo, tales servidores percibieron la suma total de S/ 29, 568 (gerente de Desarrollo Social) y S/ 24, 068 (agente municipal de Huacachina).
También se precisa que, de manera extemporánea, la municipalidad, a través de su Área de Escalafón y Control, hizo observaciones a los currículos vitae de los funcionarios designados. Ante ello, se contrataron los servicios de un consultor externo que determinó que dichos servidores sí cumplían con los requisitos exigidos por ley.
En este caso, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en el alcalde de Ica, Carlos Reyes, y en los funcionarios que aceptaron el cargo, así como responsabilidad administrativa en el subgerente de Recursos Humanos de la comuna.
El resultado de este informe de control específico, precisamente, ha sido comunicado al burgomaestre para que el órgano competente realice el deslinde de responsabilidades que correspondan. De igual modo, se informó del mismo a la Procuraduría de la Contraloría General de la República con el propósito de que inicie las acciones legales pertinentes.
