La Contraloría detectó que funcionarios y regidores de la municipalidad provincial de Pisco, del año 2019 al 2022, elaboraron y aprobaron irregularmente ordenanzas que otorgaron descuentos para el pago de deudas no tributarias por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito de tipo leve, grave y muy grave, incurriendo en irregularidad.
Es el caso que tales beneficios otorgados no están contemplados en la normativa nacional; además, como gobierno local no tienen competencia para disponer dichos descuentos; generando con ello un perjuicio económico de 977 mil soles.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 033-2024-2-0409-AC, la entidad municipal recepcionó papeletas de infracción de tránsito impuestas por la Policía Nacional, a fin de que continúe con el proceso sancionador y efectúe la recaudación de los recursos provenientes del pago de tales multas.
En efecto, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (LGTT) estipula que las municipalidades sólo pueden emitir normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales en materia de transporte y tránsito terrestre, dentro de su ámbito territorial y no están habilitadas para realizar descuentos de las referidas multas.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, precisa que para que las municipalidades provinciales puedan decretar amnistías, reducciones o condonaciones de las papeletas por infracciones de tránsito, requieren de la habilitación legal a través de una norma con el rango correspondiente que le otorgue competencia.
Sin embargo, según la Contraloría, la municipalidad de Pisco, desde el año 2019 al 2022, elaboró y aprobó cinco amnistías para infracciones de tránsito impagas, mediante igual número de ordenanzas municipales. “Con una de ellas, vigente desde el 8 de febrero del 2019 por 60 días, se dispuso un pago único de 25 soles para sanciones leves, 50 soles para sanciones graves y 100 para las calificadas como muy graves, con ciertas excepciones”, remarca la entidad de control.
Agrega que, mientras en las cuatro ordenanzas restantes se aprobaron descuentos por importes que estaban por debajo de lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. Es así que, bajo este beneficio se cancelaron 2,677 papeletas, mientras que la entidad sólo recaudó 174 mil 273 soles, cuando la cifra a cobrar debió ser de un millón 151 mil 518 soles.
Menciona que por este caso están comprendidos en presunta responsabilidad civil 19 servidores públicos, entre regidores y funcionarios; mientras que a cinco de estos servidores también se les identificó presunta responsabilidad administrativa.
El resultado de este informe de Auditoría de Cumplimiento ha sido comunicado al alcalde de Pisco, así como al órgano instructor y a la Procuraduría de la Contraloría General de la República para que se realicen las acciones legales pertinentes. (DBD)
