Por: Franco Yngunza
Analista de estudios
económicos de ComexPerú
El pasado 28 de julio, en su Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte destacó la seguridad ciudadana como uno de los temas principales, y expuso los “avances” logrados hasta la fecha. Para combatir la criminalidad, mencionó la importancia del fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú; el desarrollo de más infraestructura policial, como escuelas policiales y comisarías, y la creación de más unidades de flagrancia.
Estos anuncios son positivos para luchar contra la criminalidad. No obstante, si revisamos el presupuesto anual asignado a la función de orden público y seguridad, hasta julio del presente año, el Gobierno nacional solo ha ejecutado un 17.9% del total, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.
En 2023, un 27.1% de la población urbana de 15 años y más fue víctima de algún hecho delictivo, lo que muestra un incremento de 4.2 puntos porcentuales (pp.) respecto de 2022, cuando fue del 22.9%, según el informe técnico de la Evolución de la Pobreza Monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el semestre octubre 2023-marzo 2024, un 39.9% de la población consideró a la delincuencia como uno de los principales problemas del país, solo por detrás de la corrupción, de acuerdo con el boletín de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones del INEI.
Asimismo, el 85.1% de la población de 15 años y más a nivel nacional tiene percepción de inseguridad, según el último boletín de estadísticas de seguridad ciudadana del INEI, en el periodo noviembre 2023-abril 2024. Esta cifra muestra el descontento de los ciudadanos frente a la situación de seguridad en el país y la importancia de incrementar los esfuerzos para mejorar este indicador.
En lo que respecta al departamento de Ica, en 2023, la proporción de la población urbana de 15 años y más que fue víctima de algún hecho delictivo fue de 19.5%. Aunque este porcentaje es inferior al promedio nacional, también revela una preocupante tendencia al alza, dado que en 2021 y 2022 los resultados fueron del 14.2% y 15.7%, respectivamente. En cuanto a la percepción de inseguridad, es ligeramente superior al promedio nacional, alcanzando el 86%.
En cuanto a las acciones para mejorar la seguridad de los ciudadanos iqueños, en 2023, las municipalidades de Ica ejecutaron solo el 42% del presupuesto asignado a inversión pública en orden público y seguridad, mientras que el Gobierno regional de Ica ejecutó el 84.5%. Asimismo, este año, hasta julio, las municipalidades han ejecutado el 54.4% del presupuesto, mientras que el Gobierno regional ha ejecutado el 61.7%.
Finalmente, la importancia de tener objetivos y acciones claras para luchar contra la criminalidad es fundamental para asegurar el bienestar de la sociedad. Este esfuerzo debe ir acompañado de una adecuada gestión del gasto público para garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente y efectiva.
Reducir la criminalidad no solo beneficia la seguridad de los ciudadanos y sus familias, sino que también crea un entorno más seguro para los negocios, fomenta la inversión y el desarrollo económico, y mejora la calidad de vida en general. La seguridad es la base sobre la cual se puede construir una sociedad próspera y justa, y es crucial que las autoridades se comprometan a implementar y gestionar adecuadamente las medidas necesarias para lograr este objetivo.
