En la sala de reuniones Miguel de Olarte Farfán, de la Corte Superior de Justicia de Ica, a las 15:00 horas del pasado 12 de setiembre se reunió la Comisión Distrital de Implementación del Código Procesal Penal de Ica, presidida por el señor Osmar Albújar De La Roca, presidente de la Corte Superior, con el objeto de conocer los avances y coordinar acciones ante la próxima implementación de la Unidad de Flagrancia en el Distrito Judicial de Ica.
Participaron en dicha reunión la presidenta de la Junta de Fiscales de Ica, doctora Carmen Huayre Proaño; el director de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ica, doctor Gustavo Matta Núñez; el representante de la Policía Nacional del Perú, coronel. PNP Benjamín Trigoso Bustamante; el gerente de Administración Distrital, ingeniero Enrique Ventura Joyo, y la administradora del Módulo Penal de Ica, doctora Mariela López Mayuri.
La reunión se inició con el informe del ingeniero Enrique Ventura, quien manifestó que el local donde funcionará en Módulo de Flagrancia de Ica, en cuanto a acondicionamiento e infraestructura, se encuentra en la tercera fase, que comprende el último paso para la implementación. Preciso que, con relación a los ambientes que albergaran al Ministerio Público, Defensa Pública y Policía Nacional, el estado de avance de ejecución es del 85%.
Por ello, ahora queda solo como parte técnica de cada institución iniciar el avance respecto de sus mobiliarios, sillas, equipos, y otros que previamente deben ser empadronados, para contar con una base de datos que permita establecer que los productos que se ingresan son independientes a los del Poder Judicial.
Por su parte, el titular de la Corte Superior iqueña, señor Osmar Albújar, indicó que estas reuniones previas de coordinación ayudan mucho a plasmar todas las necesidades que se requieren y permite tener un panorama más claro en cuanto a la implementación con personal, equipos y costos.
Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Ica busca contribuir de manera efectiva a la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad y el bienestar de todas las ciudadanas y ciudadanos.
