La Contraloría General confirmó que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc), firmó contrato para la ejecución del Proyecto de Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del río Grande -Santa Cruz-Palpa, etapa II, con el consorcio empresarial que no presentó la garantía de fiel cumplimiento establecida en las bases de la licitación pública; y que, además no cumplió con la totalidad de requisitos requeridos en el concurso para otorgar la buena pro.

En el  Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 24079-2024-CG/GRIC-AC, se sostiene que la empresa ganadora debía contar con una garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 10% del costo de la obra, la cual bordea los 147 millones de soles; y que el Petacc, a través de la comisión de selección, estableció que se haga uso del fondo de garantía (retención de ingresos), como medio alternativo, “lo que deja desprotegida la inversión pública al no contar con un respaldo económico que pueda ejecutarse ante un eventual incumplimiento de contrato”.

Agrega que el consorcio en cuestión no cumplió con acreditar la experiencia de su jefe de obras, que es personal clave, y fundamentó su experiencia en obras similares con proyecto que no acreditaba el componente solicitado de «concreto» por el comité de selección. Además, presentó su análisis de precios unitarios de partidas con datos diferentes a lo que se indica en el expediente técnico de la obra, entre otras presuntas irregularidades que no subsanó en ningún momento; tampoco en la etapa de perfeccionamiento de contrato que se firmó el 5 de diciembre del 2022.

Igualmente, la Contraloría determinó que el Petacc pagó el adelanto directo por 14 millones 789 mil 299 soles a dicha empresa, a pesar que ésta lo solicitó fuera de plazo y sin contar con una carta fianza al momento de requerirlo, sino con posterioridad. El pago se realizó el 29 de diciembre del 2022 y la obra empezó el 1 de abril del 2023. Es decir, se abonó el pago tres meses antes de que se ejecute la obra.

Asimismo, la Contraloría también determinó que el comité de selección limitó la libre concurrencia y competencia de los postores al disponer que no se aceptaría la experiencia en proyectos hidráulicos (defensas ribereñas, diques, represas, otros) y solicitó que las empresas en sus ofertas presenten la acreditación en partidas de movimiento de tierras, obras de arte y concreto. Como consecuencia, se permitió la participación de postores que no tenían experiencia en obras similares al proyecto que estaba en licitación.

Vale indicar que, por los vicios detectados por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y la Contraloría en las bases del concurso público y las omisiones de información que mostraban falta de transparencia, el área legal del Petacc emitió una resolución jefatural que anulaba el proceso de selección. Sin embargo, posteriormente se dejó sin efecto porque no se aceptó el descargo del postor. (DBD)