Por: Alfonso Dávila Valenzuela. Escuela Internacional de Posgrado UCV – Lima, Perú.

El 1 de marzo de 2026, una ruptura y deflagración en el gasoducto principal de Camisea, a la altura de Megantoni (Cusco), desencadenó una emergencia nacional; el suministro de gas natural cayó abruptamente a solo 70 millones de pies cúbicos diarios, frente a una demanda nacional de 585 millones; el gobierno declaró estado de emergencia por 14 días, priorizando el abastecimiento doméstico y de servicios esenciales, mientras industrias, transporte y servicios públicos quedaron paralizados. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Por un lado, en Lima y Callao el transporte público y privado colapsó por falta de GNV; en Arequipa y otras ciudades costeras, se paralizaron las industrias (cerca de 1,000 fábricas de químicos, cemento, alimentos, textiles detuvieron operaciones); preocupando, además, el inminente riesgo de alza en tarifas eléctricas y desabastecimiento de bienes esenciales; sin embargo, es menester precisar que esta crisis no fue un accidente aislado, sino el resultado de años de errores acumulados.

Es evidente que esta catástrofe se debe a que el Perú apostó casi todo su sistema energético al gasoducto de Camisea, sin rutas alternativas ni planos de contingencia evidenciándose con la ruptura de un solo conducto que paralizó al país; la ruptura se atribuyó a fallas en el mantenimiento, reflejo de años de inversión insuficiente en infraestructura y, en la búsqueda de nuevas reservas, las advertencias de expertos y organismos de control fueron ignoradas. Asimismo, el GSP, que debía diversificar el suministro hacia el sur, fue víctima de corrupción (caso Odebrecht), mala gestión y reservas insuficientes, su cancelación dejó al país sin una ruta alternativa, agravando la crisis actual; asimismo, Perupetro, MINEM y Osinergmin no exigieron estándares adecuados de mantenimiento ni transparencia sobre reservas y contratos; la supervisión fue débil, y la respuesta a la crisis reactiva y tardía; finalmente, la alta rotación ministerial y la incertidumbre política desalentaron la inversión privada y extranjera en exploración, infraestructura y modernización tecnológica.

La crisis del gas natural de 2026 fue tan predecible como evitable. Es el resultado de años de negligencia política, falta de visión estratégica y corrupción; en ese sentido, el Perú necesita un pacto nacional por la seguridad energética, que trascienda los ciclos políticos y priorice el bienestar de todos los peruanos; solo así podremos construir un sistema energético resiliente, sostenible e inclusivo, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Ante este desabastecimiento súbito, es indispensable pensar en fuentes alternativas de energía. En ese sentido, es importante resaltar que el Perú cuenta con un enorme potencial para la generación de energía solar, sobre todo en la región sur del país que tiene altos niveles de radiación solar; es decir, con la instalación de paneles solares en techos y plantas solares a gran escala podría ser una solución inmediata y sostenible para reducir la dependencia del gas natural; además, la generación distribuida puede abaratar costos y mejorar la resiliencia del sistema energético.

La energía eólica es otra alternativa viable, especialmente en la costa peruana y en zonas como Ica, donde los vientos son constantes y fuertes; esta fuente de energía ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas y se ha convertido en una de las opciones más competitivas en el mercado energético global; al mismo tiempo, la energía geotérmica, que aprovecha el calor del subsuelo, es una opción prometedora en el Perú debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con alta actividad volcánica. Este tipo de energía es altamente eficiente y puede proporcionar una fuente constante de electricidad, independientemente de las condiciones climáticas; sin embargo, se requieren inversiones iniciales significativas para la exploración y desarrollo de yacimientos.

El Perú tiene un enorme potencial para diversificar su matriz energética mediante el desarrollo de fuentes renovables, como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica; estas alternativas no solo son viables, sino que también pueden contribuir a la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es necesario inversiones públicas y privadas en infraestructura y tecnología, reformas regulatorias que faciliten la adopción de energías renovables; educación y sensibilización para fomentar la aceptación social de nuevas tecnologías.

Dentro de este contexto, la crisis del gas natural en 2026 debe ser un punto de inflexión para que el Perú adopte un modelo energético más resiliente, sostenible y diversificado.