Por: Paulo Quequezana
Analista de estudios económicos de ComexPerú
Hace unos días, el Congreso aprobó la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, iniciativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). La ley asegura que en solo cuatro años el 100% de la población que no cuenta con agua potable tendrá acceso a esta a través de métodos no convencionales, como pilones de uso público, reservorios, camiones cisterna, etc. Estos servicios se brindarán a precios subsidiados, “entre 10 y 20 soles” según la titular del MVCS Hania Pérez de Cuéllar, financiados por quienes más pagan por el recurso, al estilo de la electricidad.
El objetivo de la ley es positivo, pero la manera propuesta de lograrlo es cuanto menos cuestionable. El Estado busca dar agua a quienes no la tienen, pero ha priorizado hacerlo por medio de los métodos que precisamente la inversión pública en saneamiento debería reemplazar. Es decir, ha preferido que las personas reciban agua de un camión que a través de un sistema de tuberías en su casa.
¿Por qué? Habrá seguramente otros motivos, pero basta con ver los números del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para darse cuenta de que nuestro Gobierno ha escogido el camino más fácil. La inversión pública en saneamiento es de las peores en términos de ejecución. En los últimos cinco años ha ejecutado alrededor del 60% de su presupuesto para obras, y en los últimos dos ha sido consecutivamente el cuarto (de 24) sector con el menor porcentaje de inversión ejecutada.
Por su parte, lo sí ejecutado del presupuesto no es suficiente para alcanzar las metas del sector. Estas se establecieron en el Plan Nacional de Saneamiento (PNS) 2022-2026 del MVCS, que detalla la cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que cada departamento debería tener a 2025. A su vez, se calculó cuánto se debería invertir entre 2020 y 2025 en cada región con la finalidad de lograr dichas metas.
La inversión que necesita Ica, según el PNS, es de S/ 2,940 millones. Entre 2020 y 2023, la inversión pública en saneamiento que se ha ejecutado en la región ha sido un total de S/ 344 millones, a un ritmo promedio de S/ 86 millones por año, y a un nivel promedio de 50% de ejecución del presupuesto, según el MEF. Lo cual quiere decir que para llegar a los S/ 2,940 millones, en 2024 y 2025 se debería invertir en cada año S/ 1,298 millones, más de 15 veces el promedio de los últimos cuatro años. Por no mencionar que el presupuesto para el departamento en 2024 es de solo S/ 180 millones.
En una misma situación están todos los departamentos del país. Es imposible llegar a las metas del PNS al ritmo en que la inversión en saneamiento se ha ido ejecutando. La decisión del Gobierno cobra más sentido, pero no la hace menos criticable. Si la inversión pública no es suficiente, entonces se debe apostar por otros mecanismos más productivos. Asociaciones público-privadas, obras por impuestos, reestructurar los presupuestos de saneamiento a mejores ejecutores, entre otros. Escoger los métodos no convencionales es, en la práctica, lo mismo que rendirse y asumir que simplemente no puedes hacer bien tu trabajo principal.
